El Ayuntamiento de Gójar, a través de sus servicios jurídicos, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la Ordenanza de Movilidad y la delimitación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del Ayuntamiento de Granada, que entra en vigor el próximo 1 de octubre, al considerar que el procedimiento seguido es "irregular y amenaza directamente la vida cotidiana de miles de vecinos del área metropolitana".

El alcalde de Gójar, Joaquín Prieto, ha subrayado en una nota de prensa que el Consistorio "no se ha limitado a presentar alegaciones, sino que ha dado un paso más para frenar una normativa que, de aplicarse tal y como está planteada, generará graves perjuicios a nuestros vecinos y vecinas".

Prieto ha precisado que comparte el objetivo de fondo de mitigar la contaminación y mejorar la calidad del aire, "algo en lo que todos estamos de acuerdo", pero ha recalcado que "el problema está en el procedimiento seguido: no ha habido un estudio previo riguroso que analice cómo esta medida va a afectar desde el punto de vista socioeconómico a la realidad metropolitana".

"En lugar de fomentar un modelo metropolitano equilibrado, se ha optado por una ordenanza improvisada y aislada que ignora las necesidades reales de quienes vivimos y trabajamos en este entorno", resalta el alcalde

En este sentido, el regidor ha reclamado una reflexión profunda sobre el modelo de movilidad que queremos para Granada y su entorno, de forma que se busque un equilibrio entre sostenibilidad ambiental, cohesión social y viabilidad económica. "Desde luego, tenemos que mejorar el transporte público y trabajar en alternativas reales que ofrezcan soluciones antes de imponer restricciones que afectan a miles de ciudadanos", ha subrayado.

El Ayuntamiento de Gójar sostiene que la ZBE aprobada "carece de la coordinación necesaria con los municipios colindantes, ignora el Plan Metropolitano de Transporte Sostenible de la Junta de Andalucía y discrimina a los vehículos en función de su procedencia, sin valorar su verdadero impacto ambiental".

Además, la corporación municipal advierte de que el proyecto "incumple la obligación de diseñar un plan de medidas concretas para reducir emisiones, mejorar la calidad del aire y garantizar la salud de la ciudadanía". "En lugar de fomentar un modelo metropolitano equilibrado, se ha optado por una ordenanza improvisada y aislada que ignora las necesidades reales de quienes vivimos y trabajamos en este entorno", ha concluido el alcalde.