Stop Desahucios Granada 15M denuncia que el Ayuntamiento de Granada tiene previsto hoy, a partir de las 9 de la mañana, el desalojo de las personas que viven en las naves situadas entre las calles Mero y Nécora de Granada, la zona conocida como Villa Pineda, para proceder a la demolición.

El decreto de desalojo de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada fue firmado el pasado 14 de diciembre y comunicado un día después a los ocupantes de las naves. Son, según informa la plataforma ciudadana, un mínimo 40 personas.

Los Servicios Sociales no fueron informados hasta este jueves, según explica Stop Desahucios, del desalojo, que provoca "indefensión y vulneración de los derechos humanos" a estas personas que se encuentran, según recuerda el colectivo, en situación de exclusión social.

Respecto a las prácticas de desalojo sin alternativa habitacional que el Ayuntamiento de Granada pretende llevar a cabo mañana día 18 de diciembre, denunciamos la indefensión y vulneración los Derechos Humanos a las que se está sometiendo a estas personas que se encuentran en situación de exclusión social.

Estas personas contactaron con el Grupo Stop Desahucios Granada 15M para comunicar su situación y pedir ayuda.

La situación es "inaceptable" y así lo trasladó Stop Desahucios a la Mesa por la Emergencia Social celebrada ayer y en la que participó junto a otras organizaciones sociales.

"Estas prácticas se traducen en la expulsión de familias de los lugares donde están habitando precisamente por la incapacidad y la inoperancia de las administraciones públicas para hacer frente al problema de emergencia habitacional existente en Granada. Más aún en la actual situación de Emergencia Sanitaria provocada por el Covid-19, a las puertas del invierno", agrega el colectivo para destacar que "no tener un hogar digno y estable es una vulneración de derechos. La problemática se agrava y no hay una perspectiva optimista, porque no hay ningún consenso de larga duración ni compromiso firme de las diferentes Administraciones públicas para combatir esta injusticia".

"El acceso y el disfrute de la vivienda deben ser contemplados como derechos esenciales de todas las personas, pero la Administración prioriza los intereses de las grandes corporaciones por encima de la lógica de la protección social. Mientras tanto, los desahucios se ejecutan diariamente", lamentan.

Por ello exigen al Ayuntamiento de Granada que paralice el expediente de demolición de las naves, "que ahora mismo son el única refugio de todas estas personas y tenga en cuenta las situaciones reales de exclusión social de estas familias". También, que "no lleve a efecto el desalojo forzoso previsto en el decreto, hasta tanto se tenga certeza de que las familias disponen de una alternativa habitacional digna, y la asistencia social adecuada".

Y que se adopten "las medidas pertinentes en orden a asegurar la existencia de un mecanismo de coordinación con el resto de administraciones públicas, de forma que no se disponga el desalojo forzoso de una persona o familia en situación de exclusión social o en riesgo de exclusión, con carencia de recursos económicos, y/o en las que se den otras situaciones de vulnerabilidad, sin garantía de que dispone de alternativa habitacional y asistencia social adecuada".