El Defensor del Pueblo Andaluz pide explicaciones por la demora en la identificación de víctimas del franquismo exhumadas en Andalucía
En marzo de 2019, Teresa López, que tenía entonces 88 años, viajó desde Barcelona hasta su Córdoba natal para entregar una muestra de su ADN. Lo hizo con la esperanza de poder identificar los restos de su padre entre las víctimas que yacen en una fosa del cementerio de La Salud. Tres años después, ya con 91 años, lamentó en una entrevista que se iba a morir sin tener los restos de su padre.
El caso de Teresa, que fue expuesto en la anterior legislatura en el Parlamento de Andalucía por una diputada del grupo de Unidas Podemos, sirve al Defensor del Pueblo Andaluz para denunciar la situación que están padeciendo familiares de víctimas del franquismo por el parón en las políticas de Memoria Democrática. La institución que preside Jesús Maeztu acaba de abrir una queja de oficio en la que pide explicaciones a la Junta de Andalucía por la demora en estas identificaciones de víctimas del franquismo, en un expediente que salpica también a la Universidad de Granada, pues uno de sus laboratorios, el que tiene al frente al reconocido profesor José Antonio Lorente, es el encargado de esta labor a través de un convenio con el Gobierno autonómico.
La demora en la comunicación a los familiares de los resultados de la identificación genética "está provocando que muchos familiares hayan fallecido sin haber tenido noticias"
"La institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha tenido conocimiento a través del Diario de Sesiones del Parlamento de Andalucía de la demora en la identificación de las víctimas, con el consiguiente riesgo de sus parientes directos de morir sin saber su paradero, como es el caso de Teresa que cedió su ADN con 88 años y con 91 sigue esperando". Una situación que, según abunda en su explicación, también fue denunciada por colectivos memorialistas. Esa demora de tres años tras la toma de muestras de ADN y de su entrega al laboratorio de la Universidad de Granada, sin que se haya comunicado a los familiares los resultados de la identificación genética de los cuerpos recuperados, "está provocando que muchos familiares hayan fallecido sin haber tenido noticias".
Ofrece más datos el Defensor y añade que, en 2019, el equipo técnico a cargo de la intervención en el cuadro de San Ramón del cementerio cordobés entregó a la Universidad de Granada las muestras genéticas de 23 víctimas exhumadas y de 180 familiares, sin que los familiares hayan recibido información alguna. Una situación que, como apunta, se está reproduciendo en otros municipios,
En la apertura de esta queja de oficio ha pesado también la falta de información respecto a la situación del convenio firmado en su día entre la Junta y la UGR para llevar a cabo estas identificaciones. Fue suscrito en septiembre de 2018 por la Consejería de Presidencia, que ostentaba entonces las competencias en Memoria Histórica en Andalucía, la Consejería de Salud, el SAS y la UGR. Su vigencia era de cuatro años y en septiembre del pasado año finalizó.
La propia Junta de Andalucía llegó a dar por finalizado ese acuerdo que, sin embargo, se ha renovado sin transparencia alguna. Lo que se hizo fue firmar una adenda de prórroga por un periodo de un año. El documento con la prórroga, consultado por El Independiente de Granada, y otros detalles, como un nuevo calendario de pago, fue firmado el 9 de septiembre del pasado año por el titular de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta, Arturo Bernal, como responsable de la Consejería que ahora tiene las competencias en Memoria; la de Salud; el gerente del SAS; y la rectora de la UGR, Pilar Aranda.
El protocolo de actuación suscrito establecía la entrega y recepción de las muestras, la recogida de muestras biológicas de familiares y entrega para almacenamiento y custodia de las mismas, y el procedimiento analítico de las muestras de familiares y de los restos de las víctimas. Este procedimiento analítico corresponde a la Universidad de Granada, según señala el Defensor, que recuerda incluso los plazos que se establecieron. "El tiempo máximo de cuatro meses a partir de la fecha de entrega de las muestras a la Universidad".
Para la consecución de estos objetivos, las partes asumían sus respectivos compromisos, que por parte de la Universidad de Granada, a través de su Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Facultad de Medicina, era el desarrollo del procedimiento analítico de las muestras de familiares y restos de las víctimas, y por la entonces denominada Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, a través de la Dirección General de Memoria Democrática, la coordinación de los trabajos de desarrollo del presente convenio, la supervisión del mismo y a mantener cuantas reuniones sean necesarias con familiares e instituciones.
Ese es el convenio que finalmente se renovó, en septiembre del pasado año, en principio por un año más.
El Defensor del Pueblo Andaluz se ha dirigido a la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte y a la Universidad de Granada reclamándoles que emitan informes relacionados con la realización de las pruebas genéticas que requieren los restos exhumados de las víctimas, para su identificación y de los análisis biológicos de los posibles familiares de las mismas.
A continuación detallamos la información que pide el Defensor del Pueblo Andaluz.
A la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte:
- Las actuaciones de coordinación y supervisión del Convenio subscrito.
- Si es conocedor de las demoras denunciadas, y en caso afirmativo medidas adoptadas para subsanarlas.
- Cantidades económicas transferidas desde la fecha de suscripción del convenio para contribuir a sufragar parte de los costes totales derivados de las actuaciones objeto del presente convenio.
- Presupuesto destinado a esta finalidad en el año 2022 y ejecución del mismo, así como presupuesto consignado para 2023.
- Si se ha instado la caducidad del convenio referido, así como las actuaciones realizadas para la renovación del mismo y estado de tramitación actual.
- Reuniones y/o comunicaciones mantenidas al respecto con familiares e Instituciones.
- Cualquier otra información al respecto que considere debamos conocer.
A la Universidad de Granada Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Facultad de Medicina):
- Número de muestras recibidas y no analizadas así como las fechas de su recepción.
- Los tiempos de respuesta media desde la recepción de las muestras, análisis de las mismas y comunicación de los resultados.
- Las dificultades para realizar las identificaciones en el tiempo recogido en el convenio de referencia, 4 meses.
- Si le constan se ha instado la caducidad del convenio suscrito y las gestiones para la renovación del Convenio y estado de tramitación de las mismas.
- La incidencia de esta supuesta caducidad en los trabajos de exhumación.
- Presupuesto con el que cuenta la Universidad para acometer sus compromisos y fuentes de financiáción, haciendo mención al año 2022 y su grado de ejecución y al previsto en este ejercicio económico 2023.
- Propuestas de mejora para dar respuesta a los compromisos asumido.
- Cualquier otra información al respecto que considere debamos conocer
En su expediente, el Defensor del Pueblo Andaluz recuerda que "los procesos de Memoria Democrática son un componente esencial en la configuración y desarrollo de todas las sociedades humanas, y afectan desde los gestos más cotidianos hasta las grandes políticas de Estado". Y que es "responsabilidad de los poderes públicos el desarrollo de políticas de Memoria Democrática que fomenten su vertiente reparadora, inclusiva y plural".
"Tal y como se recoge en la Exposición de Motivos de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática de 19 de octubre, preservar y mantener la memoria de las víctimas de la Guerra y la dictadura franquista, a través del conocimiento de la verdad, constituye un derecho a proteger", resalta la exposición de motivos, que menciona igualmente los informes de 2014 como consecuencia de las visitas impulsadas por las Naciones Unidas del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias y del Relator especial para la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, Pablo de Greiff.
"En sus observaciones y recomendaciones a España coinciden en señalar la necesidad de asumir las obligaciones internacionales mediante un claro liderazgo y compromiso en la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra y la Dictadura, como obligación de una política de Estado integral, coherente, permanente, cooperativa y colaborativa".
El Defensor del Pueblo Andaluz recuerda la necesidad de unas políticas públicas que den resupuesta a la llamada 'generación de nietos' e invoca también la 'cultura de la verdad' que consagra la ley andaluza
Es necesario por tanto, añade en su actuación de oficio, "unas políticas públicas que den respuesta a la llamada 'generación de los nietos' que quiere conocer lo que pasó con sus antepasados antes de que fallezcan quienes fueron descendientes directos de las víctimas de la guerra civil y más tarde del franquismo".
Refiere también la Ley de Memoria Histórica y Democrática andaluza, que invoca "de forma reiterada" el derecho de la ciudadanía andaluza a "conocer la verdad de los hechos acaecidos, así como a la protección, conservación y difusión de la Memoria democrática como legado cultural de Andalucía". La "cultura de la verdad", resume para recordar las obligaciones de la Administración andaluza, conforme a lo establecido por la norma autonómica, para garantizar la localización, exhumación e identificación de las víctimas.
Obligaciones de las administraciones públicas, apunta también, "que entroncan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. El ODS 16: orientado a promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles, siendo necesario generar alianzas entre todas las administraciones implicadas para su consecución (ODS 17)".
Esta actuación de oficio por parte del Defensor del Pueblo Andaluz es una muestra más del parón que han sufrido las políticas de memoria en el ámbito de la Junta de Andalucía con los gobiernos de derechas. En la pasada legislatura por la exigencia de Vox para respaldar a Juan Moreno como presidente; y ahora por decisión propia del PP, que ya cuenta con mayoría absoluta. El propio Moreno se ha referido varias veces a su deseo de derogar la Ley de Memoria Histórica, como antes le exigía la ultraderecha. Pero ha evitado respaldar iniciativas al respecto de Vox. No obstante, sin derogarla, en la práctica las políticas de Memoria en Andalucía son inexistentes y todas las intervenciones que se están llevando a cabo, como las históricas exhumaciones en Víznar, han sido impulsadas y financiadas por el Gobierno de España.
