Endesa ha anunciado ahora, cuando arrecian las críticas y se enfrenta a distintas denuncias por la situación que padecen los vecinos y vecinas de la Zona Norte que están al corriente de pago de sus recibos pero no tienen suministro eléctrico, que invertirá 1,5 millones de euros "para mitigar la problemática de los enganches ilegales" en el distrito. Con esta inversión, la eléctrica prevé construir 6 nuevos centros de transformación para aliviar la carga de los que están saturados. Se construirán también Líneas de Media Tensión y se acometerá la renovación tecnológica de las redes de los transformadores "más conflictivos".

En un comunicado, la empresa defiende la inversión que lleva a cabo cada año en la provincia de Granada, asegurando que en 2019 ha ascendido a 12,4 millones de euros. A esta cifra, asegura la compañía, se unen inversiones extraordinarias para afrontar diferentes imprevistos, como el paso de temporales, y en el caso de Granada, "el continuo sabotaje que sufren las redes de distribución en la Zona Norte que provocan cortes de suministro poniendo además en riesgo la seguridad de las personas que viven en estos entornos".

La eléctrica insiste en atribuir al cultivo de marihuana los problemas que se prolongan sin dar solución a los clientes y que la han llevado ante los tribunales, con una denuncia colectiva de vecinos y vecinas y asociaciones como Derechos Humanos, y también ante la Comisión de los Mercados y la Competencia.

Endesa asegura que los que denomina "centros de transformación más conflictivos" -10 de los 61 del distrito- cuentan con "4.600 suministros y solo 2.200 contratos en vigor". Esto supone, según los datos de la compañía, que "un 47 por ciento tiene contrato, mientras que la potencia contratada en estos 10 centros que tienen capacidad de 15.410 KVA es sólo del 28 por ciento". 

En 2019 destaca que ha llevado a cabo acciones concretas para "descargar los tres centros de transformación que más saturación sufren por enganches ilegales", los situados según la compañía en Rodrigo de Triana, Tarragona y Pedro de Moya, que en el primer semestre de 2019 registraron cerca de 3.000 incidencias. La compañía insiste en defender su actuacón asegurando que estos centros de transformación han sido "reformados en 2016 algunos por sabotaje, otros en 2017 han sufrido incendios por sobrecarga, y en 2018 se han tenido que renovar sus redes debido a la saturación sufrida por los enganches ilegales". "A pesar de estas reformas, y de la ampliación de capacidad realizada este año que hacen que tengan el triple de la capacidad demandada, los problemas persisten", apunta la compañía que explica que en noviembre ha instalado dos nuevos centros de transformación, uno en Pedro de Moya y otro más en Puerto Lumbreras, con el objetivo de sobredimensionarlos.

Respecto a la inversión anunciada de 1,5 millones, "para mitigar la problemática de los enganches ilegales en la Zona Norte", se llevará a cabo en un plan de actuación dividido en tres fases.

En la primera fase, se construirán 6 nuevos centros de trasformación en diferentes ubicaciones de la Zona Norte con el fin de "aliviar las cargas de otros centros saturados por enganches ilegales". Estas nuevas construcciones contarán "con la última tecnología dotándolas de interruptores automáticos y telemandos que permiten dar una mayor seguridad a las instalaciones y garantizando una mayor calidad de suministro". A estas infraestructuras van unidas en algunos casos construcción de líneas de Media Tensión que unirán diferentes instalaciones, con el fin de comunicar los centros de transformación entre sí.

La segunda fase de este plan contempla la renovación tecnológica de las redes de media y baja tensión en 7 de los centros de transformación "más conflictivos". Por último, la fase final del plan, contempla la revisión de las redes de Baja Tensión de los centros de distribución existentes.

Colaboración instituciones y autoridades

Las acciones, destaca Endesa, "están yendo de la mano de la colaboración necesaria con instituciones y autoridades". Indica al respecto que trabaja con Servicios Sociales, la Agencia de Vivienda  y Rehabilitación de Andalucía "con el fin de emprender una acción definitiva en las viviendas que no están normalizadas y carecen de contrato".

"Esta colaboración se vuelve más necesaria que nunca al constatarse que el negocio fraudulento del cultivo de marihuana está proliferando, y se están empezando a detectar problemáticas similares a las de la Zona Norte en barrios como Haza Grande y municipios como Atarfe y Santa Fe entre otros", apunta la eléctrica.

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