Ven, conoce la provincia de Granada.
Es la segunda vez que el problema de los apagones y deficiente servicio que reciben llega a la Fiscalía

La Fiscalía investiga irregularidades en el suministro de luz a la Zona Norte

Ciudadanía - IndeGranada - Jueves, 22 de Junio de 2017
El Defensor del Ciudadano, en su cruzada para dar respuesta a los vecinos y vecinas del barrio, trasladó a la Fiscalía Superior las trabas que encuentran estos usuarios para "normalizar" sus instalaciones.
Es la segunda denuncia que traslada el Defensor del Ciudadano a la Fiscalía por esta situación.
P.V.M.
Es la segunda denuncia que traslada el Defensor del Ciudadano a la Fiscalía por esta situación.

La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación penal para aclarar las trabas que encuentran los vecinos y vecinas de la Zona Norte para "normalizar" sus instalaciones eléctricas y ponerse al día en los pagos. Es la segunda vez que la Fiscalía se implica en el problema de los constantes apagones y deficiente servicio que recibe el barrio, en ambas ocasiones por la intervención del Defensor del Ciudadano de Granada.

Ha sido precisamente Manuel Martín quien ha dado cuenta de este nuevo paso en el transcurso del pleno extraordinario que se celebra este jueves en el Ayuntamiento de Granada para analizar el informe del Defensor del Ciudadano de 2016

Según ha explicado, el pasado 26 de mayo puso en conocimiento de la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, que a vecinos y vecinas que quieren "normalizar" su situación y darse de alta para pagar el suministro eléctrico "se les cobraba 150 euros más IVA por los conceptos de comprobación, gestión y conexión del suministro". A su juicio son "irregularidades". "Este cobro es incorrecto, porque la comprobación corresponde a la compañía a distribuidora, la conexión a la subcontrata y la gestión a la comercializadora", ha afirmado para añadir que, a su juicio, podrían constituir "delitos de falsedad documental porque el servicio no se da y hay total simulación, además de estafa y apropiación indebida"

El pasado 1 de junio la fiscal superior abrió diligencias de investigación penal y dictó decreto de apertura, encargando a un fiscal que estudie el caso, según ha informado a los corporativos. 

Es la segunda ocasión en la que la Fiscalía Superior se implica en la lamentable situación que padece la Zona Norte. Ya a principios de este año, el anterior fiscal superior, Jesús Calderón, impulsó un expediente gubernativo y dictó medidas para "implicarse contra la plaga de los apagones", como ha recordado Martín. Entonces el Ministerio Público ordenó analizar si "las constantes interrupciones del suministro suponen un atentado contra los derechos básicos de los ciudadano". 

El Defensor lo ve así y lo detalla ampliamente en su informe, en el que señala como la problemática "más preocupante" los cortes de luz en el distrito, donde los barrios más afectados son La Paz, Cartuja y Rey Badis. A su juicio es hoy el problema "más grave" que tiene la ciudad. Los vecinos y vecinas del barrio, como ha detallado, llevan "varios años" sufriendo estos cortes, que se agravaron entre diciembre del pasado año y enero de 2017.  Hasta seis días han llegado a estar "sin luz, bajo mantas y con velas", incluida fechas señaladas, como Navidad. Vecinos que, a pesar de pagar sus recibos, "viven a oscuras, apagados, sin calefacción, sin ascensor, sin frigorífico, sin lavadora, enfermos sin oxígeno". 

De nuevo Manuel Martín ha incidido, como refleja la memoria de su oficina, en que esta "compleja" situación exige de una intervención coordinada de las administraciones, la estatal -seguridad y orden público-, la autonómica -vivienda y calidad del suministro- y local -servicios sociales comunitarios-.

En este sentido ha recriminado a las admnistraciones "la falta de medidas efectivas", lo que podría suponer "una dejación de las funciones que le han sido encomendadas". 

Las graves situaciones de pobreza energética que se dan en la Zona Norte se explican, ha resumido, por el "uso ilícito" por parte de algunas personas, por la incapacidad de otras para responder a los pagos por falta de recursos y también por "la incompetencia de las eléctricas y las administraciones". 

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