La Fiscalía pide más medios para investigar el blanqueo de capitales relacionado con el narcotráfico
Operación en un invernadero en Albondón. policía nacional/agencia tributaria
Los fiscales antidroga reclaman más medios para poder ampliar las investigaciones del blanqueo de capitales relacionado con el narcotráfico y desarticular las bandas que operan, con Andalucía como escenario, en distintos países. "Intervenir alijos no es tan importante como poder desarticularlas, con sus jefes, pues de lo contrario captan nuevos miembros y siguen con sus negocios. Está claro que solo interviniendo droga no se acaba con este fenómeno", es la conclusión que recogen estos delegados y delegadas antidroga en la memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía correspondiente a 2024.
Para atajar la situación actual es necesario "una actuación contudente" que "evite el incremento de las actividades de tráfico de drogas y los peligros que conllevan: aumento del poder de corrupción, ajustes de cuentas, robos de droga, violencia contra las fuerzas de seguridad, uso de armas, por no decir el aumento de la oferta, la rebaja de los precios y la mayor capacidad para la afectación a la salud pública de la población, que en definitiva es el bien jurídico que se pretende proteger con la penalización de estas actividades delictivas"
De nuevo, las reflexiones en torno al narcotráfico son las más extensas. Después de presentar las estadísticas, la Fiscalía advierte de que el panorama es "desolador y muy peligroso". Y hace hincapié en que para atajarlo es necesario "una actuación contudente" que "evite el incremento de las actividades de tráfico de drogas y los peligros que conllevan: aumento del poder de corrupción, ajustes de cuentas, robos de droga, violencia contra las fuerzas de seguridad, uso de armas, por no decir el aumento de la oferta, la rebaja de los precios y la mayor capacidad para la afectación a la salud pública de la población, que en definitiva es el bien jurídico que se pretende proteger con la penalización de estas actividades delictivas".
Pone como ejemplo el proyecto "Empact: OTF", en la provincia de Málaga, que comenzó en 2022 y que está dando "muy buenos resultados". Y el trabajo de la RFAI, de la que forma parte como punto de contacto la delegada de Algeciras, todo ello, con el objetivo, que es "fundamental", de "localizar las personas que cooperan en los países de origen".
Aunque explica que "es complicado conocer que delitos de blanqueo de capitales están relacionados con el narcotráfico", por la aplicación que se utiliza -Fortuny-, en la que no se diferencian y tampoco se computan los que se incoan junto a los delitos contra la salud pública, "los procedimientos por blanqueo de capitales se han reducido notablemente con 98 causas frente a las 122" del año anterior. Los procedimientos abreviados en órganos de enjuiciamiento han sido 128 los incoados, suponiendo "un aumento de más del doble del año anterior"; pero "pudiera tratarse de un error en la aplicación del Cuadro de Mandos pues se debe a las cifras de la fiscalía de Jaén que computa 74 procedimientos de este tipo, siendo que estos números exceden notablemente del resto de cifras de este tipo de procedimientos en otras provincias con mayor actividad delictiva".
Si no computamos esas cifras de Jaén los procedimientos abreviados habrían descendido de nuevo, al igual que sucedió el año pasado, siendo un total este año de 54, 11 menos que en 2023. Se han iniciado 13 diligencias de investigación penal, 5 menos que en 2023, correspondiendo 6 a la provincia de Cádiz. Se han emitido 199 escritos de acusación, correspondiendo 56 a la provincia de Cádiz, 28 a Málaga y 25 a Sevilla, explica la Fiscalía.
Fajos de billetes intervenidos en una operación. policía nacional
Se han celebrado 38 juicios (2 más que en 2023), de ellos 25 en la fiscalía de área del Campo de Gibraltar. Merecen ser destacados, según la Fiscalía, los siguientes: Sección Séptima de Algeciras, sentencia 211/24 que 91/111 condenó a un miembro de la guardia civil a penas de 6 años por blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. También se celebró en Ceuta un procedimiento abreviado en el que estaba acusado un policía local por cooperación con delitos de tráfico de drogas, blanqueo e integración en grupo criminal, estando pendiente de sentencia.
En el cultivo de marihuana, "persisten las mismas circunstancias y la elevada delincuencia de años anteriores, con los mismos problemas relacionados con las actividades paralelas de obtención ilegal de energía eléctrica, violencia asociada y destrucción de plantas". Todos los fiscales delegados dan cuenta del número elevado de plantaciones indoor principalmente, "siendo Granada la localidad en la que esa criminalidad es más alta, en la zona Norte, y relacionada con las personas que adquieren y transportan la sustancia, de distintas nacionalidades: Ucrania, Italia, Francia, Holanda, Inglaterra, Alemania, Albania, que encuentran en Granada a los principales proveedores de esta droga".
La Fiscalía pide la inclusión del transporte de gasolina como delito, y el incremento de las penas del delito de defraudación de fluido eléctrico
Con este panorama, la Fiscalía vuelve a reclamar lo que ya ha reivindicado en anteriores memorias para "mejorar situaciones que impiden obtener la finalidad esperada en el ámbito del derecho penal". Entre ellas, incrementar los medios para ampliar las investigaciones por blanqueo de capitales que se ha señalado; la ampliación de plantillas en las fiscalías para lograr "Secciones Antidroga que permitan lidiar con la gran carga de trabajo que soportan los fiscales que las integran". Junto a más personal, una compensación económica a través de la revisión del baremo de productividad.
En cuanto a las reformas penales que considera necesarias, pide la inclusión del transporte de gasolina como delito, y el incremento de las penas del delito de defraudación de fluido eléctrico.
En lo que respecta a reformas procesales, pide cambios en de la Lecrim para conseguir "procedimientos más ágiles y adecuados a la nueva criminalidad organizada". Una reforma de la planta judicial que permita "separar los juzgados mixtos, todos ellos con causas de especial dedicación atascadas". Y una reforma de las normas sobre gestión de los efectos judiciales que consiga extraer el rendimiento de estos y salir del colapso actual que da lugar a un gasto de la administración sin apenas beneficios".
También reclama articular mecanismos que aseguren "certeza jurídica con relación a los límites de actividades legales e ilegales relativas al cultivo y comercio del cannabis, con una redefinición del tipo penal, incluyendo taxativamente que el cultivo de cannabis es típico salvo que se trate de cultivo autorizado por la AEMPS o cultivo conforme a normativa reglamentaria, que deberá revisarse implicando a los Ministerios de Industria y Agricultura".