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Pide investigar a Torres Hurtado, Nieto, los ediles del PP que aprobaron la operación y los técnicos que la tramitaron

La Fiscalía ve posible prevaricación, tráfico de influencias y malversación en la cesión de la Casa Ágreda a una ONG

Ciudadanía - IndeGranada - Viernes, 5 de Agosto de 2016
Colectivos ciudadanos trasladaron la operación al fiscal, que ahora ha presentado una denuncia que ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 9 y que está pendiente ahora de ser admitida o no a trámite. El gobierno local ya inició los trámites para revertir la operación y recuperar el inmueble.
El Juzgado de Instrucción 9 debe decidir ahora si admite o no a trámite la denuncia.
Miguel Rodríguez
El Juzgado de Instrucción 9 debe decidir ahora si admite o no a trámite la denuncia.

El exalcalde José Torres Hurtado y la exconcejala de Urbanismo Isabel Nieto aparecen como supuestos responsables en este nuevo caso que llega a los juzgados, junto al entonces director de Obras Municipales, Manuel Lorente, otros técnicos municipales y los concejales del equipo de gobierno del PP que participaron en las juntas de gobierno que aprobaron la operación. La Fiscalía ve presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, según la denuncia a la que ha tenido acceso El Independiente de Granada.

La Fiscalía abrió el pasado año diligencias de investigación penal tras recibir distintas denuncias contra la cesión de la Casa Ágreda a una ONG de carácter internacional, entre ellas una firmada por Marta Gutiérrez, portavoz de Vamos Granada, Francisco Puentedura, portavoz de IU, y Francisco Cuenca, entonces portavoz socialista. 

Además de la pérdida del inmueble como patrimonio municipal, se suscitó una agria polémica por el uso social anunciado para el palacete en pleno Albaicín y el desconocimiento en torno a la entidad adjudicataria del inmueble y su actividad. 

El movimiento ciudadano en contra, apoyado entonces por todos los grupos de la oposición, no impidió que la operación impulsada por el PP siguiera adelante. Una operación que no resultó fácil para la entidad AIDE Internacional, que encontró problemas para inscribir el inmueble a su nombre. 

Tras concluir las diligencias de investigación penal que instruyó, la Fiscalía ha denunciado ahora ante el juzgado la operación. La denuncia ha recaído en el Juzgado de Instrucción 9, como ha adelantado Ideal, y según han explicado a El Independiente de Granada fuentes judiciales, está ahora pendiente de ser o no admitida a trámite.

Mientras se llevaban a cabo estas acciones judiciales, el gobierno local ya inició los trámites para recuperar la Casa Ágreda y resolver el contrato

La operación investigada

Tras un primer intento frustrado de vender el inmueble en 2008, cuando la Junta no autorizó dar un uso hotelero al palacete, modificando el educativo y residencial que tiene ahora, en 2014 el Ayuntamiento activó un concurso al que solo esta entidad presentó proyecto.

En noviembre se dio a conocer la adjudicación provisional, que en marzo de 2015 se hizo definitiva. El 18 de mayo, a pocos días de las Elecciones Municipales, el exalcalde José Torres Hurtado compareció junto a responsables de la ong en España y el arquitecto encargado del proyecto para dar a conocer los detalles. En ese momento, según informó Europa Press, dijo que ya estaba toda la documentación acordada y firmada "a la espera solo de las escrituras".

La adjudicación del derecho de superficie se hizo por 40 años, con un canon de 250.000 euros, con opción de compra en los primeros 10 años por 1,4 millones siempre que ejecutara la rehabilitación del inmueble, con una inversión calculada de cerca de 5 millones de euros. La Casa Ágreda quedó pendiente de inclusión en el Catálogo del Patrimonio como Bien de Interés Cultural (BIC), consideración de la que el año pasado no gozaba. 

La cesión llegó a exponerse en un congreso internacional celebrado el pasado año en Marruecos, mientras crecía la polémica en Granada por el uso social que la organización quería darle al inmueble y por la falta de transparencia respecto a su actividad. 

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