Sanidad Pública de Andalucía, en las mejores manos

La Policía Nacional inicia otra fase de la 'Operación Edu' en Granada con nuevas detenciones

Ciudadanía - IndeGranada - Lunes, 8 de Junio de 2015
Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional se desplazaron Granada para desarrollar esta nueva fase de la operación, que afecta también a las provincias de Almería, Córdoba, Jaén y Málaga. En total se prevén 140 arrestos. Entre las personas investigadas se encuentra la ex delegada de Empleo Marina Martín, que ya fue detenida por Alaya en marzo, y dos jefes de servicio.

Madrid/Granada.- La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha iniciado este lunes una nueva fase de la denominada 'operación EDU' que investiga el fraude en la concesión de subvenciones para cursos de formación en Andalucía.

Fuentes de la investigación han informado que se prevén en torno a 140 arrestos en todas las provincias andaluzas en el marco de esta nueva fase denominada 'Operación EDUende', según Europa Press. Además de empresarios, en esta ocasión las detenciones van a afectar de lleno a cargos de la Administración acusados directamente de ser responsables de la concesión de las subvenciones, entre ellos la ex delegada de Empleo de la Junta en Granada Marina Martín y dos jefes de servicio. 

El pasado mes de marzo, la jueza Mercedes Alaya, que también tiene abierta una investigación por el fraude en los cursos de formación, dejó en libertad con cargos a Martín en el transcurso entonces de otra operación, llevada a cabo por la Guardia Civil y denominada Operación Barrado.

Los populares salieron en tromba para pedir explicaciones a la presidenta en funciones, Susana Díaz, y al PSOE andaluz. Se pronunciaron su líder, Juanma Moreno; la diputada Teresa Ruiz Sillero; el dirigente nacional Carlos Floriano; y la parlamentaria por Granada Marifrán Carazo.

Precisamente esta útima confirmó la detención de Marina Martín y dos jefes de servicio en Granada. Carazo tachó de "grave responsabilidad política" de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y de la secretaria provincial del PSOE, Teresa Jiménez, por no haberla "apartado de sus responsabilidades", recordando que a día de hoy sigue al frente de la Fundación Legado Andalusí y, además, ha sido elegida concejal por Chauchina. 

Como delegado del Gobierno en Andalucía, también hizo manifestaciones Antonio Sanz, quien instó a que se investigue "hasta el final" y se diriman todas las "responsabilidades. Y desde IU se pidió a la Junta que colabore "de manera activa" y aparte de sus funciones a las personas que haya sido detenidas o imputadas. 

Por su parte, desde la Junta habló su vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, quien expresó el respeto del Gobierno andaluz a esta nueva fase de la investigación y destacó que no hay ningún miembro del actual Gobierno implicado. 

La operación se extenderá hasta final de mes

Según informa Europa Press, el operativo se ha iniciado este lunes, pero se extenderá a lo largo de casi todo lo que resta de mes de junio. Entre los arrestados hay directores, jefes de servicio y jefes de departamento del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de Granada, Jaén, Málaga, Córdoba y Almería.

También van a ser detenidos numerosos funcionarios de esas cinco provincias. En esta rama del operativo se esperan en torno a 40 detenciones que tendrán lugar entre hoy, mañana y pasado, indican las mismas fuentes consultadas.

Por su parte, en Sevilla y en Huelva también se van a practicar en torno a un centenar de arrestos durante las próximas dos semanas. En este caso se trata sobre todo de empresarios que se beneficiaron de la concesión de esas subvenciones públicas de manera fraudulenta.

La mayoría de estas empresas recibía concesiones entre 60.000 y 200.000 euros y la UDEF estima que el dinero total defraudado podría ascender hasta los 3.000 millones de euros.

En esta fase, también el ex consejero Ojeda

Entre los implicados en la rama de la operación que afecta a Huelva y Sevilla se encuentra de nuevo implicado el empresario y ex consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Ángel Ojeda, quien ya fue detenido en agosto del año pasado en Cádiz.

Por el momento Ojeda no ha sido arrestado otra vez, pero las fuentes consultadas no descartan que su detención se produzca en los próximos días, ya que las razones por las que se le investiga afectan a otras actividades presuntamente ilícitas que hasta ahora se desconocían y que se extienden por varias provincias andaluzas.

Pese a ser detenido en Cádiz el Juzgado de esa provincia se inhibió en favor de la investigación que lleva la jueza Mercedes Alaya en Sevilla, que en septiembre le imputó por dos presuntos delitos, uno continuado de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos.

En su auto la jueza recogía que "en poco más de año y medio las entidades pertenecientes a Ojeda, integradas todas ellas en el Grupo Prescal, habría recibido, con cargo al programa 32D dentro del dispositivo de Delphi por parte de la Consejería de Empleo, la suma de 33.309.789,16 euros en concepto de subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación", todo "a través de asociaciones controladas por él".

Entendía la juez que esas subvenciones, otorgadas entre el 10 de agosto de 2009 y el 3 de diciembre de 2013, las habría obtenido "gracias a sus influencias en la Junta en virtud de sus antiguos cargos y contactos".

Desde que la UDEF comenzó esta investigación, la estrategia de los investigadores ha sido la de avanzar de abajo a arriba en la pirámide de responsabilidades. En ese sentido, los agentes especializados en delincuencia económica pasaron meses entrevistando personalmente a multitud de personas implicadas en esta trama masiva.

La UDEF ha hecho 3.500 entrevistas

Las entrevistas (en torno a 3.500) tuvieron lugar con profesores contratados para impartir los cursos, también a personas a las que inscribían como alumnos o responsables de empresas. Todos ellos han ido ofreciendo detalles sobre las irregularidades cometidas.

En ocasiones había empresas que llegaban a acuerdos con personas para contratarlas como profesores a cambio de que estos luego les devolviesen la mitad del sueldo acordado. En otras ocasiones les obligaban a declararse autónomos para después facturarles. Los investigadores advierten de que esta práctica era la que supuestamente empleaba entre otros el propio Ojeda. En muchos otros casos los cursos ni siquiera se llegaban a celebrar.

"Para decir que el dinero se defraudó hay que poder demostrarlo primero", afirma uno de los investigadores. En el marco de ese proceder los expertos en delincuencia económica han ido ascendiendo en la pirámide hasta afectar de directamente a la parte política de la trama con esta 'operación EDUende'.