Movilizaciones de protesta ante la Inspección de Trabajo por la "falta de plantilla y medios materiales"
Sindicatos se han concentrado este martes ante la sede de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la capital, en La Caleta, para protestar por "la falta de plantilla y de medios materiales y el incumplimiento de los compromisos adquiridos por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social en relación a este organismo", afrma CSIF, uno de los sindicatos que ha participado en la concentración.
La protesta se enmarca en las movilizaciones convocadas por las organizaciones representativas en la Inspección de Trabajo en toda España para esta jornada entre las 12.00 y las 12.30 horas (horario peninsular) y con las que se quiere denunciar “el grado de abandono en el que se encuentra la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con plantillas desbordadas y recursos insuficientes”. Tras estas concentraciones, también está prevista una jornada de huelga de 24 horas el próximo 30 de marzo.
El presidente del Sector de la Administración General del Estado en CSIF Andalucía, Francisco Amaya, que ha participado en la concentración celebrada en Granada, ha tachado de “penosas” las condiciones en la que desempeñan su labor diaria los centros de trabajo de la Inspección de Trabajo en la comunidad andaluza, “que sufren una falta de cobertura del 10% de la plantilla en relación a las actuales relaciones de puestos de trabajo (RPT), que además de no estar cubiertas es necesario actualizar, puesto que han quedado completamente obsoletas”.
Seis plazas de funcionario sin cubrir en Granada
En concreto, la plantilla de la Inspección de Trabajo en Andalucía está cifrada en 574 trabajadores y trabajadoras, según la actual RPT, si bien hay un total de 57 vacantes sin cubrir, lo que representa que una de cada diez no está cubierta. En el caso de Granada, ha detallado Ismael Ramón García, responsable de la Administración General del Estado en CSIF Granada, “hay un total de 6 plazas sin cubrir de personal funcionario, concretamente 3 en el cuerpo de subinspectores y 3 administrativos, más 2 vacantes de personal laboral, de un total de 72 trabajadores que integran la plantilla. A ello hay que unir que se necesita más personal que el recogido en dichas relaciones de puestos de trabajo”.
El responsable sindical ha relatado que “faltan inspectores y subinspectores, pero también personal administrativo, del que a veces se olvida la Administración. Igualmente, ha hecho referencia a los medios informáticos y tecnológicos con los que cuenta la Inspección de Trabajo, que “en muchos casos son obsoletos, cuando no insuficientes, como quedó demostrado con el ciberataque sufrido en este organismo el pasado mes de junio”.
A juicio de CSIF, estas cifras ponen de manifiesto que el sistema está condenado al fracaso con recursos insuficientes y una plantilla completamente desbordada ante las necesidades que plantean las relaciones laborales. A todo ello se suman las numerosas modificaciones legales que se han producido durante la pandemia, los constantes movimientos de ERTES y los que tendrán lugar como consecuencia de la crisis por la invasión de Ucrania.
CSIF denuncia el incumplimiento sistemático por parte del Ministerio de Trabajo del pacto alcanzado el pasado 7 de julio con las organizaciones sindicales, por el que se planteaba un reforzamiento del sistema de la Inspección con medidas para paliar los problemas de este organismo.
Además de las carencias de plantilla y el déficit en recursos técnicos y materiales, la central sindical denuncia la ausencia de carrera profesional y de horizonte laboral, lo que contribuye a la descapitalización de la plantilla, así como la falta de reconocimiento y de dignificación de las funciones del personal.
Representantes sindicales, en la concentración. ugt
Incumplimiento del Gobierno
Por su parte, UGT, otro de los sindicatos participantes, afirma que, "tras ocho meses de espera, solo se concreta "el incumplimiento" del Gobierno del acuerdo adoptado el pasado 7 de julio, que recogía una serie de medidas fundamentales para salvar el funcionamiento de la ITSS. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social sufre una acumulación de déficit que coloca su actividad "al borde del fracaso", afirma el sindicato.
La Inspección "carece de la plantilla necesaria, de los recursos técnicos y materiales fundamentales. No existe un reconocimiento al esfuerzo de su plantilla y la colaboración de esta, que es lo que ha salvado el funcionamiento de esta institución en los últimos años, está en vías de agotarse", estima UGT.
Aunque, por parte de las organizaciones convocantes, se ha mantenido una posición "excepcionalmente moderada" en lo que a las exigencias de aplicación de un acuerdo que ya tiene ocho meses de retraso, "se ha llegado a un punto en donde solo puede concluirse la voluntad del Gobierno de incumplir el mismo y provocar el completo abandono del organismo y de su plantilla".
"No se puede permanecer en silencio cuando, por un lado, el Ministerio y otros órganos de este Gobierno ensalzan el papel de la ITSS y el trabajo que desde esta institución debe abordarse en el futuro, y por otro se olvidan de reforzarla, y desprecian las medidas esenciales que se habían acordado como primer paso para superar los déficit existentes en este organismo", explica UGT.
"Sorprende aún más si cabe", continúa el sindicato, "la debilidad de los máximos responsables del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que renuncian a defender un acuerdo que ha sido suscrito por ellos, avalado por la propia ministra, y que responde a un diagnóstico compartido para buscar las soluciones necesarias en la Inspección de Trabajo y Economía Social que debiera servir para construir la institución que este país necesita en este siglo XXI".
"Es indudable que abrir un conflicto en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social puede tener consecuencias que afecten a la ciudadanía. No está en la voluntad de los sindicatos convocantes propiciar un deterioro aún mayor de este organismo, pero de cara al futuro sería mucho más peligroso transigir y mantenerse en silencio ante decisiones políticas que propician una situación que en su desarrollo futuro pone en riesgo el papel y la calidad del servicio que debe garantizarse desde la ITSS", concluye UGT.
