La auditoría emprendida en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada a raíz de la llamada 'Operación Nazarí' ha detectado la concesión de licencias durante el mandato del PP "sin contar con amparo normativo suficiente", en tanto que se concedían por decreto, cuando, de acuerdo a la normativa vigente, hubieran requerido una innovación al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Esta auditoría fue uno de los compromisos adquiridos por el PSOE a su llegada al gobierno local después de que el anterior alcalde, José Torres Hurtado (PP), y la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto, fueran detenidos junto a funcionarios y promotores por su supuesta implicación en una trama de corrupción urbanística que desencadenó el cambio de signo político en el consistorio.

El concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández (PSOE), ha explicado en rueda de prensa que hace unos años se aprobó un decreto que permite la instalación de pérgolas en los edificios y en algunos tipos de negocio sin que esto suponga un aumento de la edificabilidad, algo que no está recogido en el PGOU ni en los planes especiales del Albaicín y la zona Centro.

El edil subraya que "algo que no está en el PGOU no se puede regular con un decreto, solo con una innovación" al planeamiento, y sin embargo se ha detectado la concesión de licencias que, siguiendo esta práctica, autorizan a instalar estas pérgolas y regulan usos del subsuelo "sin haber guardado la jerarquía normativa" y de una forma un tanto "indiscriminada".

Para ello, el anterior equipo de gobierno hacía uso de un órgano surgido en el seno del área de Urbanismo como era "la ponencia técnica", creado en 2013 por acuerdo de la Junta de Gobierno Local a pesar de que no era competente para ello.

Según relata el edil, esta ponencia técnica daba a los responsables municipales, "de una manera un tanto irregular", capacidad de interpretación del PGOU cuando eso "sólo puede hacerlo el pleno".

El actual equipo de gobierno ha llevado a Junta de Gobierno Local la supresión de este órgano, que no es el competente para interpretar una normativa urbanística que en todo caso viene fijada en el PGOU y que no se puede cambiar, ha dicho, "a golpe de decreto".

Esto conlleva la derogación de la interpretación que hizo esta ponencia técnica, la supresión de este órgano y el establecimiento de nuevos decretos que anulen los anteriores, tanto en el uso de subsuelos como en la instalación de pérgolas, ya que lo contrario, advierte el concejal de Urbanismo, "es seguir amparando en decretos cuestiones que no regula el PGOU".

Reconoce que la situación administrativa y jurídica que se presenta ahora al Ayuntamiento es compleja, pero cree que "no se puede castigar a los ciudadanos que han invertido en estas instalaciones por un procedimiento administrativo que no ha hecho bien el propio Ayuntamiento".

Una de las cuestiones que se abordarán con los técnicos y el resto de grupos municipales es si impulsar o no una innovación al PGOU que recoja estos usos, buscando como objetivo último acabar con la "arbitrariedad" que existe en estos momentos.

El edil ha dicho comprender ahora por qué el anterior gobierno no impulsaba la tramitación de un nuevo PGOU como se solicitaba desde la oposición, en tanto a que su entender los últimos datos recabados evidencian que "no les hacía falta" al poder hacer "a golpe de decreto o de interpretación" los cambios que querían para establecer su modelo de ciudad, todo ello "ahorrándose el trámite que conlleva" un nuevo planteamiento.