Se pronuncia sobre el recurso presentado por el Consejo de Gobierno
El Constitucional avala la ley de Vivienda casi en su totalidad y estima solo parte del recurso de la Junta de Andalucía
Te informamos de la resolución y de las reacciones del Gobierno y de la Junta.
Eduardo Parra/Europa Press
Fachada del Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado este martes la mayor parte de ley de vivienda tras estudiar el recurso presentado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía contra una serie de artículos de la norma por el derecho a la vivienda que permite imponer nuevos límites a la subida del precio del alquiler.
La sentencia se ha aprobado por seis votos a cuatro, estos últimos del sector conservador del tribunal
La sentencia se ha aprobado por seis votos a cuatro, estos últimos del sector conservador del tribunal.
Según ha informado la corte de garantías, la mayoría progresista del Pleno ha estimado parte del recurso del Ejecutivo andaluz y tan sólo ha declarado inconstitucionales y nulos dos apartados de la norma aprobada en mayo de 2023: el artículo 16, que recoge los principios que rigen la vivienda protegida; y parte del artículo 19.3, relativo a la colaboración y suministro de información de los grandes tenedores en zonas de mercado residencial tensionado.
Desde el TC han precisado que los magistrados del ala conservadora Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa han anunciado que emitirán un voto particular contra el criterio adoptado por la mayoría progresista.
La resolución, con ponencia de la magistrada María Luisa Segoviano, es la primera que estudia el asunto y marca el camino para las futuras revisiones que llegarán dado que también han recurrido esa ley el Govern de Baleares, la Comunidad de Madrid, el País Vasco, la Generalitat de Cataluña, la Xunta de Galicia, el Parlament catalán y los diputados del PP en el Congreso.
Así, se mantiene en vigor el artículo que impide la venta de los parques públicos de vivienda a inversores privados o fondos buitre, como han hecho algunas comunidades autónomas, entre ellas la de Madrid. Dicha venta solo será posible entre administraciones o a ONG relacionadas con la promoción del derecho a la vivienda, entre otros supuestos restrictivos.
Se han declarado inconstitucionales y nulos el artículo 16 (referido a la vivienda protegida); el contenido del artículo 19.3 a partir del inciso en que precisa los datos mínimos que las comunidades deben recabar de los grandes tenedores de vivienda; el tercer párrafo del artículo 27.1 (relativo a los parques públicos autonómicos); el artículo 27.3 (que obliga a usar el dinero procedente de incumplimientos de la función social de la propiedad solo a dichos parques públicos); y la disposición transitoria primera (que se refiere a la VPO calificada como tal previamente a la entrada en vigor de la norma).
El Gobierno dice que el TC avala la competencia del Estado en vivienda y quita hierro a los artículos anulados
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha calificado de "buena noticia" que el Tribunal Constitucional (TC) avale la Ley de Vivienda y considera que el reproche que se hace sobre los artículos 16 y 27 y una de las disposición transitoria no elimina el hecho de que el alto tribunal considera el texto "no solo necesario sino imprescindible".
Consideran que la sentencia conocida este martes por el TC "refrenda la competencia del Estado a la hora de garantizar una vivienda asequible y digna" y, a falta de conocer el texto completo de la sentencia, demuestra que la existencia de esta ley es la "reivindicación" de la capacidad y competencia del Estado, dentro del marco constitucional, de actuar para "regular el acceso a la vivienda"
Fuentes del Ministerio de Vivienda consideran que la sentencia conocida este martes por el TC "refrenda la competencia del Estado a la hora de garantizar una vivienda asequible y digna" y, a falta de conocer el texto completo de la sentencia, demuestra que la existencia de esta ley es la "reivindicación" de la capacidad y competencia del Estado, dentro del marco constitucional, de actuar para "regular el acceso a la vivienda".
"Este texto se ampara en el deber que impone la Constitución al Estado en el artículo 149.1.1 de garantizar la igualdad e en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de las obligaciones de todos los españoles y españolas", recalcan.
De igual manera, fuentes ministeriales recuerdan que la Ley de Vivienda viene a dar cumplimiento a un mandato constitucional, recogido en el artículo 47 de la Constitución. "Para este Gobierno la igualdad en las posibilidades de nuestros ciudadanos es un objetivo irrenunciable", añaden.
Andalucía aplaude la decisión del TC sobre la Ley de Vivienda: "El Estado se excedió. El fallo blinda nuestra regulación"
La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía ha aplaudido la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ha avalado este martes la mayor parte de Ley de Vivienda tras estudiar el recurso presentado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía contra una serie de artículos de la norma por el derecho a la vivienda que permite imponer nuevos límites a la subida del precio del alquiler.
"El Alto Tribunal reconoce que el Gobierno de España se ha excedido a la hora de querer regular la vivienda protegida, el parque público o los grandes tenedores, cuestiones que son potestad exclusiva de Andalucía y que así queda recogido en su Estatuto de Autonomía", han remarcado fuentes de la Consejería que dirige Rocío Díaz. En esta línea, la Junta ha reconocido estar "satisfecha" con el fallo ya que "blinda nuestra regulación en materia de vivienda protegida y el parque público, así como su régimen sancionador".
"La sentencia del Constitucional confirma lo que desde el Gobierno andaluz hemos advertido desde el principio: la Ley Estatal de Vivienda es una norma que invade claramente competencias autonómica"
"La sentencia del Constitucional confirma lo que desde el Gobierno andaluz hemos advertido desde el principio: la Ley Estatal de Vivienda es una norma que invade claramente competencias autonómicas. El Estado, y así lo estima el Tribunal, no puede utilizar la ley para configurar una regulación tan completa y acabada que no deja espacio alguno al legislador autonómico", han subrayado fuentes de la Administración autonómica.
En este sentido, para la Consejería de Fomento, el fallo "protege" la política andaluza en vivienda protegida, que cuenta con un régimen jurídico propio y que "ha demostrado sus efectos positivos con la reactivación del mercado", ha subrayando, en alusión a que en estos momentos "se certifica el triple de viviendas protegidas".
Andalucía fue la primera comunidad autónoma que presentó un recurso de inconstitucionalidad a una Ley que, en palabras de la Junta, "no ha tenido consenso ni de las comunidades ni de los sectores afectados, además de que se ha gestado a espalda de las comunidades y está avalada por socios como Bildu". El Gobierno andaluz mantiene que la Ley Estatal de Vivienda es "una norma ideológica, muy intervencionista y permisiva con la ocupación ilegal". Por ello, "seguimos creyendo en nuestras recetas, que pasan por allanar el camino para la construcción de viviendas a precio asequible, como estamos haciendo desde 2019 y que queremos potenciar con la futura Ley de Vivienda Andaluza".
