La Asociación Defensa Ciudadana Activa, tras tener conocimiento a través de El Independiente de Granada de la exigencia del Ayuntamiento de Cogollos Vega de casi 600 euros en tasas a las asociaciones vecinales que solicitan copias de las actas plenarias, entiende que “esta localidad tiene un déficit de transparencia alarmante“, por lo que han solicitado documentación al Consistorio iniciando un expediente informativo sobre el mismo.

“En principio se ha iniciado un expediente informativo por el que se comprobará si, como parece a tenor de la documentación que se ha publicado, existen irregularidades que exijan tomar otras medidas para aclarar lo sucedido”, indica la asociación, que promueve a nivel nacional la defensa de los derechos de los ciudadanos frente a las administraciones públicas.

En el escrito inicial se solicitan las actas de pleno y Decretos de Alcaldía de los últimos dos años, indicando expresamente la vía telemática para su recepción, por lo que conforme a la Ley de Transparencia no debería tener coste alguno. Además de ello, por lo elevado de la tasa que al parecer se pretende cobrar a los vecinos, se ha solicitado igualmente el informe técnico-financiero preceptivo para la aprobación de las tasas, que conforme a la Ley de Haciendas Locales no puede superar el coste real del servicio.

En todo caso, si el Consistorio solicitara alguna cantidad por el uso de la vía telemática, desde DCA pedirían el inicio de un expediente por responsabilidad patrimonial de la administración pública, considerando que el coste es resultado de la mala gestión municipal y la falta de aplicación de la normativa vigente.

La próxima semana, tras la Asamblea anual que tendrá lugar el próximo día 20 en El Puerto de Santa María, la nueva directiva estudiará el inicio de nuevas medidas sobre este Ayuntamiento que, “sólo en las primeras consultas que hemos tratado de realizar parece estar aún anclado en la administración del siglo pasado. No parecen cumplir ni de lejos ninguna de las nuevas normas para la transparencia, el acceso a la información pública, o el uso de medios telemáticos, algo que entendemos vulnera frontalmente los derechos de los ciudadanos.”, finalizaron.