El Ayuntamiento de Cogollos Vega ha pretendido cobrar la "desproporcionada" cantidad de 595 euros por acceder a las actas de los plenos, según denuncia la Asociación Cívica de Cogollos Vega, que  ha puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo la "continua obstaculización para acceder a la información pública y el incumplimiento de la Ley de Transparencia".

Tras la resolución del Defensor del Pueblo de 15 de julio que instaba al Ayuntamiento de Cogollos Vega a que no obstaculizara y facilitase las actas de plenos y juntas de gobierno local a la asociación, el alcalde del municipio, Manuel Lucena (PP) ha requerido una cantidad de 595 euros por acceder y obtener una copia de las actas plenarias, indica la Asociación Cívica.

La asociación considera que dicha cantidad de dinero es desproporcionada, abusiva y pretende disuadir peticiones de información contraviniendo la nueva Ley de Transparencia de Andalucía y uno de sus principios que es la gratuidad.

liquidacionactas_red.jpg

Liquidación expedida por el Ayuntamiento en el que se ve el cobro de 595 euros. Asociación Cívica de Cogollos Vega

El colectivo expone que estos documentos públicos no se exponen en el tablón de edictos ni tampoco en el portal web, incumpliendo la Ley de Transparencia, razones por las cuales se solicitaron copias de las actas al Ayuntamiento en febrero de este año, y tras la negativa del alcalde de facilitarlas lo comunicaron a la oficina del Defensor del Pueblo, que estimó positivamente la petición de la asociación.

Recibida esta semana una liquidación de 595 euros, la asociación nuevamente ha puesto en conocimiento esta "maniobra disuasoria" ante el Defensor del Pueblo y el Consejo de Transparencia de Andalucía para que de una vez por todas los vecinos obtengan la información pública y gratuita que todos los Ayuntamientos españoles proporcionan actualmente y sin ningún inconveniente.

En su escrito al Defensor alegan que "las actas deberían estar publicadas y haberse recibido a través de la sede electrónica" y por otro lado que "las tasas no deberían tener una finalidad recaudatoria propia de los impuestos" destacando que "girar dicha tasa supondría un acto limitativo de derechos, desproporcionado, injusto y presumiblemente ilegal, al perseguir más un afán recaudatorio y disuasorio".

En un comunicado ha recordado que no es la primera vez que el primer edil de la localidad actúa de forma "caciquil" y que fue obligado a derogar el reglamento que prohibía grabar las sesiones plenarias y modificar la ordenanza "mordaza" donde imponía multas a los ciudadanos por criticar a los concejales.

Desde la asociación se cuestionan "qué es lo que ocultan las actas para que el alcalde Lucena tenga ese temor de hacerlas públicas y ponga tantos impedimentos para acceder a consultarlas".