Elisa Fernández-Vivancos fue la responsable del gabinete jurídico de la Junta en Granada que erró en el caso Nevada

La delegada de Regeneración trabajó en el despacho del abogado de Tomás Olivo

Política - IndeGranada - Miércoles, 13 de Febrero de 2019
Elisa Fernández-Vivancos, la flamante nueva delegada de Regeneración en Granada no solo era la responsable del gabinete jurídico de la Junta en Granada, que por la negligente actuación derivó en la millonaria indemnización del caso Nevada. También trabajó en el bufete Ramón y Cajal Abogados, uno de cuyos socios fue el letrado de Tomás Olivo, que logró los 200 millones para el empresario, promotor del centro comercial de Armilla.

Centro Comercial Nevada. indegranada

Como publicó este martes El Independiente de Granada, en una información replicada por otros medios, posteriormente, la nueva delegada de Regeneración en Granada fue la jefa del gabinete jurídico de la Junta que erró en el caso Nevada.

Ciudadanos defendió poco después de publicar la información el nombramiento de Elisa Pérez-Vivancos y sostuvo que la letrada luchó contra la corrupción y que por ello fue destituida como responsable de los servicios jurídicos de la Junta en Granada.

Pero Elisa Fernández-Vivancos González colaboró con el bufete Ramón y Cajal Abogados, un prestigioso despacho con sedes en Madrid, Barcelona y Zaragoza. Uno de los socios de la firma desde el 15 de octubre de 2013 es Joaquín García Bernaldo de Quirós, quien fue el abogado de General de Galerías Comerciales, la empresa de Tomás Olivo, en la causa del caso Nevada.

Pero Elisa Fernández-Vivancos González colaboró con el bufete Ramón y Cajal Abogados, un prestigioso despacho con sedes en Madrid, Barcelona y Zaragoza. Uno de los socios de la firma desde el 15 de octubre de 2013 es Joaquín García Bernaldo de Quirós, quien fue el abogado de General de Galerías Comerciales, la empresa de Tomás Olivo, en la causa del caso Nevada.

Joaquín García Bernaldo de Quirós, ex presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, logró para su representado la millonaria indemnización de 200 millones por la decena de años que la Junta mantuvo paralizadas las obras del macrocentro comercial de Armilla.

El abogado de Tomás Olivo, que se licenció en Derecho en la Universidad de Granada, es magistrado en excedencia y fue presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en Málaga entre los años 2001 y 2011. Fue además presidente de la Comisión Nacional de la Competencia y desde el año 2013 es socio del bufete Ramón y Cajal abogados, al que se incorporó para dirigir el Departamento de Procesal, especializada en procesal civil y penal y procedimientos arbitrales y concursales.



Elisa Isabel Fernández-Vivancos González antes de ser nombrada este martes por el Consejo de Gobierno de la Junta, delegada Territorial de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local en Granada, era abogada en ejercicio por el Ilustre Colegio de Abogados de Granada y, como afirma el breve currículum difundido por el Portavoz del Gobierno andaluz, colaboradora del Despacho Ramón y Cajal abogados.

El currículum oficial añade que es Licenciada en Derecho. Letrada jefe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía en Granada, profesora colaboradora del Instituto andaluz de Administración Pública “en el que ha impartido numerosos cursos además de ejercer de tutora y evaluadora. Y “ha colaborado con organismos colegiados del estado como el Patronato de la Alhambra y Generalife, el Parque de las Ciencias y agencias y empresas públicas de la Junta de Andalucía”.

Elisa Isabel Fernández-Vivancos González antes de ser nombrada este martes por el Consejo de Gobierno de la Junta, delegada Territorial de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local en Granada, era abogada en ejercicio por el Ilustre Colegio de Abogados de Granada y, como afirma el breve currículum difundido por el Portavoz del Gobierno andaluz, colaboradora del Despacho Ramón y Cajal abogados.

La ahora delegada del bipartito Gobierno andaluz (PP-Ciudadanos) fue apartada del gabinete jurídico provincial por decisión de los servicios jurídicos centrales de la Junta, que la destituyeron por la pésima gestión en este caso.

Después de ser destituida fue enviada como letrada al Patronato de la Alhambra, puesto que dejó en excedencia para trabajar en el sector privado.

Tanto PP como Ciudadanos han criticado con dureza a los socialistas por el caso Nevada y se aliaron en la Diputación de Granada para aprobar una moción el pasado diciembre en la que exigían depurar responsabilidades.

La ahora consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, en sus críticas llegó a asegurar que la errónea actuación de los servicios jurídicos de la "no fue casual" y reclamó "la apertura de una investigación interna en la Junta para depurar cuantas responsabilidades se deriven del cúmulo de errores que ha provocado que todos los andaluces tengamos que pagar de nuestro bolsillo más de 200 millones de euros a un promotor.

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