Una nueva indemnización eleva a 23 los millones a pagar por errores urbanísticos heredados del PP en la capital
La nueva indemnización millonaria supera el millón de euros. indegranada
Una nueva indemnización millonaria derivada de una fallida gestión urbanítica del PP se suma a las cantidades que debe pagar ahora, años después, el Ayuntamiento de Granada, agravando la delicada situación económica que atraviesa. En esta ocasión es 1.122.298,85 euros por un convenio urbanístico, el de Villa Pineda, que el gobierno popular firmó pese a que era "inviable" desarrollar. Hay una sentencia firme desde 2010.
Con esta cantidad se eleva a unos 23 millones de euros las obligaciones de pago por errores urbanísticos. Así, a ese millón largo que se afronta ahora se suman los 16,4 millones de euros a pagar a Construcciones Vargas e Hijos, con los que ya hay un acuerdo para afrontar el pago. Además están los 6 millones de euros que reclama Rober por el convenio urbanístico para el traslado de las cocheras que tampoco se llegó a cumplir. En el caso de Rober la negociación está abierta.
Este viernes, al término de la Junta de Gobierno, el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, lamentó que "un nuevo caso de mala gestión urbanística del PP termine recayendo en la ciudadanía" e incrementando la carga de trabajo de los técnicos del área.
A sus palabras se sumó la teniente de alcalde Ana Muñoz, tachando de "temeraria" e "irresponsable" la gestión del PP. "Habrá que pedir responsabilidades por esa gestión", agregó recordando que el dinero que entra en el Ayuntamiento, y más concretamente en el área de Urbanismo, que podría destinarse a inversiones para atender "demandas vecinales, que las hay", tenga que cubrir sentencias por "mala gestión".
La nueva indemnización millonaria corresponde al área de reforma de Villa Pineda, vinculada a otras dos. Se firmó con los propietarios de estos terrenos -más de 2.500 metros cuadrados- un convenio para desarrollar esos derechos urbanísticos en otras áreas de reforma, pero era "inviable". El convenio acabó anulado por una sentencia y no se llevó a cabo el proyecto de reparcelación. El gobierno socialista se encontró el conjunto del área de reforma paralizada y órdenes judiciales instando a cumplir la sentencia.
La Junta de Gobierno Local autorizó este viernes al concejal a que firme otro convenio para afrontar el pago a la familia propietaria de los terrenos. A la firma de este acuerdo se pagarán 120.000 euros; seis meses después otros 200.000. A partir de ahí el Ayuntamiento asumirá los costes de urbanización de la parcela, así como la redacción del estudio de detalle y la inscripción en el Registro, trámites que de no estar en esta situación habrían correspondido a los propietarios. Esos gastos ascenderán a 137.000 euros. Cuando hayan concluido esos trabajos se afrontará el resto.
El concejal expresó este viernes su confianza en que la jueza autorice esa planificación.
