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Según su testimonio, se contravino la ley y se elaboraron informes para dar apariencia de legalidad a lo ejecutado

El testigo clave del caso Serrallo ratifica en el juicio que compartió con Sebastián Pérez la situación en Urbanismo

Política - M.Andrade - Martes, 3 de Marzo de 2020
En su declaración, que proseguirá también este miércoles, Jacobo de la Rosa asegura que las irregularidades que se juzgan son "absolutamente" una grave operación de especulación urbanística y que se ejecutaron pasos "en fraude de ley".

Imagen de archivo de una de las sesiones del juicio del caso Serrallo. indegranada

"Me dirigí a don Sebastián Pérez que, aparte de ser concejal apostó por mí y quise que supiera que iba a presentar mi dimisión definitiva. Me dijo que esperara, que haría todo lo posible por darme un puesto en la Diputación. Lo único es que tardó".

Así lo ha asegurado ante el tribunal que juzga el caso Serrallo el testigo clave, Jacobo de la Rosa, funcionario del Ayuntamiento de Granada desde 1988 y que a lo largo de su carrera desempeñó distintos puestos de responsabilidad -todos, como ha aclarado, cargos de confianza-, hasta que en 2012 se quebró totalmente esa relación a raíz de sus informes advirtiendo de las irregularidades urbanísticas en la operación que sienta en el banquillo al exalcalde José Torres Hurtado, la exedil de Urbanismo Isabel Nieto y el empresario Roberto García Arrabal, además de altos funcionarios como Manuel Lorente y exconcejales. 

Precisamente esa comunicación con el entonces presidente provincial del PP y de la Diputación -además de teniente de alcalde en la capital- se produjo en 2012, fecha en la que tomó la determinación de presentar definitivamente una dimisión que antes no se le había aceptado en otras ocasiones. "Me llamaron traidor porque di mi opinión sobre un expediente". 

Que Sebastián Pérez estaba al tanto de la situación que se vivía en el área de Urbanismo ya se recogió en informes de la UDEF que constan en el sumario del caso Nazarí, la gran investigación que trata de aclarar si hubo una trama urbanística durante la gestión popular en el Ayuntamiento de Granada, y quedó confirmado en los correos de Isabel Nieto aportados en esa causa. 

De la Rosa, a preguntas de la Fiscalía, ha detallado que en ese momento la situación para él era insostenible. En concreto después de que redactara un informe alertando de que se estaban regularizando unas obras en un Registro de la Propiedad -que se investigan en el caso Nazarí- que no se ajustaban a la legalidad. La respuesta que obtuvo en ese momento fue un escrito, "de puño y letra" de Nieto, en el que le advertía de que le iba a abrir un expediente. 

Tras esa carta a Sebastián Pérez y el informe del registrador, y mientras esperaba una recolocación en Diputación, fue cuando tuvo conocimiento del caso Serrallo, a raíz del expediente de liquidación. "Aguanté hasta enero de 2013. Presenté el informe del caso Serrallo y me fui", ha precisado.

De la Diputación de Granada haría el camino de regreso al Ayuntamiento en 2014. En febrero de ese año, el entonces alcalde le envió un escrito a Sebastián Pérez -recogido también en el sumario Nazarí- "reclamando mi urgente vuelta para el Albaicín". Torres Hurtado "como alcalde informaba al presidente de la Diputación sobre la petición que había hecho su concejala" Isabel Nieto reclamando a Jacobo de la Rosa. Esa es, según ha detallado a preguntas de una de las acusaciones, "la única referencia" que tiene de que el alcalde era conocedor de lo que sucedía. 

Isabel Nieto, entre los abogados de las defensas. á.cámara/EP

Y lo que sucedía lo ha ratificado ante el tribunal. 

Reuniones paralelas en las que se le excluía, aunque fueran asuntos de su competencia; implantación de usos prohibidos en ese suelo; y todo ello con trámites que no eran los legalmente establecidos para llevar a cabo esas modificaciones urbanísticas y de la concesión inicial que se adjudicó. 

Según la declaración de este testigo, el suelo en el que se llevó a cabo la operación que se juzga "es una zona verde a todos los efectos". Lo que inicialmente hizo el Ayuntamiento fue autorizar la construcción de un parque de atracciones infantil. Se hizo así porque el PGOU recoge "una excepción" para poder actuar en esas zonas: uso deportivo, interés público social o terciario comercial. 

1.000 euros al mes de canon para el parque infantil, nada que ver que la sala de fiestas y restaurantes implantados

Para adjudicarlo se redactó un pliego de condiciones administrativas que detallaba unas condiciones, como la instalación como mínimo de seis atracciones infantiles, que después se modificaron irregularmente sin modificar el pliego aprobado, contraviniendo el interés general y dejando a otros promotores sin la posibilidad de concurrir a este negocio. Porque no era lo mismo explotar seis atracciones infantiles que lo que después se autorizó: como una discoteca o un restaurante. De hecho el canon que se estableció -según el pliego original de parque infantil- fue de 1.000 euros mensuales, una cantidad que refleja que "no era un negocio lucrativo". Nada que ver con la sala de fiestas o el restaurante.

Manuel Lorente "pesaba mucho" en Urbanismo

Una de las irregularidades que ha detallado es que se liquidó el sistema de actuación del Serrallo con las instrucciones de Manuel Lorente, uno de los acusados. Entonces la fiscal le ha preguntado si "era habitual" que Lorente diera instrucciones. "Es una persona que pesaba mucho. Y de alguna forma, puesto que fue máximo responsable de Urbanismo y Obras Municipales, había cierto temor o respeto". "¿Había que hacer lo que él decía?", le ha preguntado después. "Esa pregunta es subjetiva", ha zanjado el presidente del tribunal.

Vista de las construcciones adyacentes al Centro Serrallo. indegranada

Ha explicado a preguntas de Fiscalía y acusaciones, que el uso terciario comercial que excepcionalmente el PGOU recoge para zonas verdes no es lo mismo que el uso terciario de espectáculos y reuniones, que al final fue lo que se implantó. 

Ha recordado que lo ejecutado habría necesitado una modificación cualificada del plan urbanístico e incluso un dictamen del Consejo Consultivo, preceptivo cuando se cambia de uso una zona verde. Y nada de eso hizo el Ayuntamiento y los acusados, que sortearon esos requisitos legales para autorizar la operación -no solo lo establecido en el PGOU, también en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía-. De ahí que haya asegurado en un momento de su declaración está ejecutado "en fraude de ley". 

Y ha sido muy contundente al responder a la fiscal cuando le ha preguntado si en su opinión estamos ante "una grave operación de especulación urbanística": "absolutamente", ha respondido. 

En esta sesión estaban sentados en el banquillo de los acusados, como vienen haciendo desde el inicio, Torres Hurtado y los funcionarios de Urbanismo Agustín Belda, Emilio Martín Herrera, Paz Spínola, Gaspar Navarro y Francisco de Paula Aguilera, interventor del Ayuntamiento, además de Isabel Nieto, en el estrado con toga de abogada. En segunda fila, el empresario Roberto García Arrabal. Ya comenzada la declaración del testigo clave ha accedido a la sala el exconcejal del PP Vicente Aguilera, aunque no se ha sentado junto a los acusados, sino al fondo de la sala. 

Entre el público, además de familiares y periodistas, de nuevo el promotor de espectáculos Sean Hepburn, amigo de Juan García Montero, ausente del banquillo de los acusados como el resto de exediles -salvo Aguilera- y Manuel Lorente, que tras declarar ha venido ausentándose.

En el banquillo de los acusados ha llamado la atención que Gaspar Navarro hablaba constantemente con el interventor, haciendo apreciaciones de las declaraciones del testigo. En esta sesión del juicio el presidente del tribunal, José María Sánchez, ha vuelto a dar muestras de su contundencia, lo que lleva a los abogados y a la propia Fiscalía, como ha ocurrido este martes, a dejar constancia de sus protestas por negarles preguntas o aportación de documentos. 

Los delitos que se investigan en este caso: prevaricación urbanística, prevaricación común, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, contra la ordenación del territorio y falsedad en documento oficial. 

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