La Junta promueve el empleo
También apunta a los concejales de la Junta de Gobierno, como ya ocurrió con el Caso Serrallo

La Audiencia ordena que siga la investigación de la venta de la Casa Ágreda

Ciudadanía - M.Andrade - Martes, 13 de Junio de 2017
Estima en parte el recurso del empresario Ramón Arenas, personado como acusación popular, y ordena practicar nuevas diligencias, entre ellas tomar declaración al exconcejal Eduardo Caracuel.

La Audiencia de Granada ha ordenado que siga la investigación de la venta de la Casa Ágreda que llevó a cabo el gobierno de Torres Hurtado y que fue archivada por el Juzgado de Instrucción número 9. En su momento, las acusaciones, ejercidas por Vamos Granada y el empresario Ramón Arenas, consideraron precipitado el archivo, por haberse dictado sin haber practicado algunas de las diligencias que se solicitaron. 

Ahora la Audiencia estima en parte el recurso de Arenas. No así el de Vamos Granada, al señalar que en su momento no debió admitirse la personación del grupo municipal porque carece de personalidad jurídica y plantea la Audiencia que, para seguir, deberán personarse de manera individual sus concejales.

Las irregularidades que se investigaron, sostiene la Audiencia, no pueden considerarse "poco trascendentes o nimias" respecto al presunto delito de prevaricación urbanística, como justificó el Juzgado para sobreseer el caso, una decisión que respaldó la Fiscalía. Precisamente fue el Ministerio Público el que presentó la denuncia que dio lugar a esta investigación. 

La Audiencia cree necesario indagar en el cambio de competencias de una concejalía a otra, de Patrimonio a la de Urbanismo, para cerrar la operación; cuestiona también la documentación que aportó la ONG adjudicataria, AIDE; y la figura jurídica elegida, cesión del derecho de superficie con opción a compra. "No es admisible", apunta la Audiencia respecto a este tercer aspecto, que el Juzgado afirmara que "quien puede lo más puede lo menos'" y que "si era factible la cesión gratuita del inmueble, bien puede hacerlo mediante esta fórmula que asegura el ingreso de dinero en las arcas municipales".  "En ningún caso, basta la mera voluntad de los regidores municipales de dar uno u otro destino a los bienes o derechos municipales (aún cuando entiendan que es la mejor opción posible) sino que, cualquier decisión, debe ajustarse a la legalidad vigente en cada momento".

El auto dictado el 8 de junio por la Audiencia, al que ha tenido acceso El Independiente de Granada, no acepta repetir las declaraciones de investigados, como había solicitado la representación del empresario. Sí que estima otras declaraciones, entre ellas la del exconcejal de Patrimonio, Eduardo Caracuel Romero, y varios técnicos municipales, entre ellos la secretaria de Urbanismo y la viceinterventora.

Detalle de la resolución de la Audiencia. indegranada

La Junta de Gobierno del PP, otra vez en el punto de mira

La Audiencia apunta que, según el resultado de esas declaraciones, "se solicitarán o el instructor de oficio podrá acordar la práctica de las demás que se estimen pertinente o útiles a la investigación, entre ellas, recibir declaración y determinar en que calidad, a los miembros de la Juntas de Gobierno Local de las sesiones de 12 de septiembre de 2014 y 6 de marzo de 2015".

Cabe recordar que una decisión similar acordó en su momento la jueza del caso Serrallo, que finalmente citó a declarar a los ediles del PP que votaron en Junta de Gobierno Local la operación urbanística después de tomar declaración al exalcalde José Torres Hurtado. En el caso Serrallo, la jueza mantiene de momento la imputación para los concejales. 

El exalcalde y la exconcejala de Urbanismo Isabel Nieto declararon como investigados por la venta de la Casa Ágreda, una operación en la que la Fiscalía apreció al denunciarla presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Mientras la causa quedó archivada en los juzgados, el Ayuntamiento de Granada siguió dando pasos para recuperar el inmueble, del siglo XVI, a través de una demanda civil.

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