Dos investigados por caza furtiva de cabra montés en Puebla de Don Fadrique

Ciudadanía - IndeGranada - Miércoles, 7 de Diciembre de 2022
Un agente, con la cabeza de la cabra montés abatida.
guardia civil
Un agente, con la cabeza de la cabra montés abatida.

La Guardia Civil ha investigado a dos individuos de 21 años de edad como presuntos autores de un delito contra la flora y la fauna, por cazar de forma furtiva un ejemplar de cabra montés en un coto privado ubicado en Puebla de Don Fabrique.

Los hechos ocurrieron el pasado día 30 de noviembre cuando los dos investigados accedieron a un coto privado y sin poseer autorización de su titular dispararon contra un ejemplar de cabra montés hiriéndolo mortalmente.

Tras efectuar los disparos, los ahora investigados abandonaron el lugar con la intención de regresar posteriormente a la zona, localizar el animal y conseguir su cabeza como trofeo. Sin embargo, no pudieron hacerse con el trofeo porque un testigo que había presenciado los hechos dio aviso inmediatamente a un agente medioambiental de la zona y tras una batida localizaron el cadáver del animal.

Tras lo sucedido, los hechos fueron puestos en conocimiento de la Patrulla del Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil de Huéscar que, tras recoger la denuncia interpuesta por el presidente del coto, inició una investigación que ha permitido la plena identificación de los dos presuntos autores, hasta que finalmente el pasado día 05 de diciembre los agentes han procedido a su investigación como presuntos autores de un delito contra la flora y la fauna.

Según explica la Guardia Civil, los cotos privados de caza están sometidos a un régimen cinegético especial, y para el ejercicio de la caza ellos es necesario que se disponga de la oportuna autorización, por lo que el haber abatido este ejemplar de cabra montés, podría implicar que los autores se enfrentasen a una pena multa de 4 a 8 meses e inhabilitación especial para la caza durante tres años, todo ello unido a la responsabilidad en la que podrían haber incurrido por la utilización de armas de fuego, la cual podría conllevar también su retirada, así como la de los permisos para usarlas.

El titular del coto se hace cargo del depósito de la cabeza del animal, la cual queda a disposición de la autoridad judicial.