La mal llamada 'transición ecológica', que ha supuesto una avalancha de proyectos fotovoltaicos y eólicos excesiva, desproporcionada y sin ningún tipo de planificación ni control, se está llevando a cabo, además, por imperativo legal. Numerosos proyectos de megaparques fotovoltaicos y eólicos se están acometiendo con declaraciones de utlilidad pública solicitadas por los promotores y autorizadas sin rubor por Junta de Andalucía y Gobierno central, lo que permite expropiar los terrenos necesarios para esas instalaciones. 

En la provincia de Granada se han expropiado ya más de 2.200 parcelas solo en los dos últimos años para proyectos fotovoltaicos y eólicos en 30 municipios de la provincia, con varios miles de propietarios afectados, pues a menudo la propiedad de una parcela es compartida por varias personas. 

La mayoría de las parcelas expropiadas corresponden a los terrenos por donde pasarán las líneas de evacuación de las plantas eólicas o solares para llevar la electricidad hasta las diferentes subestaciones. Pero también hay muchas expropiaciones para construir la propia megaplanta o las subestaciones que llevan aparejadas junto a ellas, y que suelen ser compartidas por varios macroparques. 

600 parcelas en el Poniente

El proyecto con mayor número de expropiaciones es el megaparque fotovoltaico de Iberdrola en el Poniente granadino, denominado Caparacena, actualmente en construcción, y que ha supuesto la exproiación de 600 parcelas en nueve municipios: Atarfe, Pinos Puente, Valderrubio, Íllora, Láchar, Cijuela, Chimeneas, Ventas de Huelma y Cacín. Se trata de la mayor planta solar acometida hasta ahora en la provincia, con 275 megavatios de potencia, aunque hay otras todavía de mayor tamaño en tramitación. Como todas las que superan los 50 Mw, la declaración de utilidad pública fue autorizada por el Gobierno central a través del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. 

Estos son diez de los proyectos fotovoltaicos y eólicos con mayor número de expropiaciones aprobadas en los dos últimos años en Granada: 

Fuente: Elaboración propia con datos de las declaraciones de utilidad pública

Tras el megaparque de Iberdrola, la línea de evacuación de las plantas fotoovltaicas Granada Solar 165, 166 y 167 conllevarán la expropiación de 260 parcelas en cinco municipios: Moraleda de Zafayona, Chimeneas, Íllora, Atarfe y Pinos Puente, según el anuncio de levantamiento de actas previas publicado en el BOE en abril de este año. Más otras 34 parcelas en Cacín para la interconexión de Granada Solar 165. 

Se trata de una gran fotovoltaica dividida en tres plantas tramitadas por separado por la empresa promotora, Desarrollos Fotovoltaicos Ibéricos, radicada en Madrid, para eludir la tramitación del Ministerio y hacerlo a través de la Junta. Y la mayoría de expropiaciones son para una descomunal línea de evacuación de alta tensión de nada menos que 37 kilómetros, 11,3 de ellos soterrados, con cerca de 100 torretas eléctricas desde Cacín a Pinos Puente. 

Eólicos de Cuerva

También hay una ingente cantidad de expropiacones para parques eólicos, como los dos que promueve la conocida empresa granadina Cuerva, Barranco del Agua I y II, uno de ellos ya en construcción en Villamena, y el otro en Escúzar. En el primer caso supone la expropiación de 207 parcelas en cinco municipios: Villamena, Albuñuelas, Padul, Alhendín y Escúzar. Y en el segundo, 78 parcelas en Alhendín y Escúzar. 

Otro parque eólico, denominado Carricondo, ha implicado la expropiación de 125 parcelas en el noreste de la provincia, en los municpios de Baza y Caniles. 

Igualmente en esa zona la megaplanta fotovoltaica Ququima, una de las primeras que se empezaron a tramitar en la provincia, también autorizada por el Gobierno central, y que provocó numerosas quejas y reclamaciones de agricultores de la comarca, tras lo cual se redujo el tamaño del proyecto, finalmente ha expropiado 122 parcelas en Baza y Caniles, según se publicó en el BOE el pasado noviembre. 

En Moclín, el macroparque fototoltaico Caparecena 220, con cerca de 100 Mw, promovido por Endesa, e igualmente autorizado por el Ministerio, ha expropiado 84 parcelas, 25 de ellas para la instalación de los paneles solares en Moclín y el resto para la línea de evacuación, que pasará también por Colomera y Atarfe. La construcción de la planta supone la eliminación de más de 18.000 olivos. 

Pero la relación de expropiaciones es interminable, y pocas zonas de la provincia se salvan. Hasta en la Alpujarra, donde la línea de evacuación de la planta fotovoltaica Disposol en Órgiva ha afectado a 96 parcelas, con numerosas protestas ciudadanas, como la de la de esta imagen:

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O en Motril, donde se expropiaron 89 parcelas para la línea de evacuación de una fotovoltaica que se empezó a construir a finales del pasado octubre. 

También está en construcción el parque eólico Dama de Baza, en Huéneja, una zona inundada de parques tanto eólicos como fotovoltaicos y termosolares. Para este nuevo proyecto se han expropiado 71 parcelas. 

Y la lista sigue: 114 parcelas expropiadas para la fotovoltaica Baluma Solar en Albolote, Atarfe y Moclín; casi 80 parcelas para las fotovoltaicas Santa María y Jesús, en Padul, ubicadas una frente a la otra, a uno y otro lado de la Carretera de la Cabra, cuya declaración de utlidad pública cuenta con alegaciones de Ecologistas en Acción. 

Cincuenta parcelas para un parque eólico Blanco, en Caniles y Cúllar, cuyas actas previas para la ocupación de las fincas se publicaron el pasado febrero. 

O las 21 parcelas para la fotovoltaica Fargue I de Víznar, que fue paralizada en marzo por el gran daño ambiental de las obras. 

A todas estas más de 2.200 parcelas de expropiaciones hay que sumar otras muchas expropiadas anteriormente para macroparques que ya están operando y las que vendrán, porque hay numerosos proyectos en tramitación, pendientes de autorización, tanto del Gobierno central o de la Junta, en función de su tamaño, y de declaración de utilidad pública si los promotores no consiguen hacerse con los terrenos necesarios mediante acuerdos con los propietarios. 

En muchos casos, las parcelas expropiadas son de muy pequeño tamaño, apenas unos metros como servidumbre de paso para las líneas de evacuación eléctrica, pero en otros afectan a grandes extensiones de terreno, muchas veces cultivos productivos o áreas de alto valor ambiental y con grave daño a la biodiversidad, por más que tengan cuestionables declaraciones de impacto ambiental favorables, que se otorgan reduciendo el número de aerogeneradores o de extensión de placas fotovoltaicas, y con medidas correctoras para las afecciones a la flora y fauna que está por ver si se cumplen y se vigilan. 

Apoyo a los afectados

Desde que empezaron a proliferar los proyectos de energías renovales, la plataforma ciudadana 'Di No a las Torres' lleva realizando una incansable labor por todas las comarcas informando a las personas afectadas y presentando recursos y alegaciones a los proyectos. 

Durante las últimas semanas, la plataforma ha intensificado su actividad con sus integrantes y voluntarios organizándose para informar a la ciudadanía sobre las acciones posibles frente a la publicación de actas previas y el inicio de las expropiaciones.

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Punto de infomación y recogida de firmas de la plataforma en la plaza del Ayuntamiento de Atarfe. 'Di No a las Torres'

Según explica la plataforma, el acta previa "es un trámite dentro del proceso de expropiación forzosa que, en teoría, sirve para que las personas propietarias conozcan y documenten la afección a su finca. Sin embargo, diversos testimonios en Andalucía alertan de que estos actos se desarrollan en condiciones de presión, falta de información y sin garantías reales de defensa. Personas mayores, muchas veces solas, se ven rodeadas por equipos de hasta 10 o 15 representantes de empresas y administración, sin apoyo ni acompañamiento, generando una profunda sensación de indefensión".

Durante el mes de mayo, la plataforma ha recorrido numerosos municipios estableciendo puntos informativos frente a ayuntamientos y juntas locales. Se desplazan en coches compartidos, bicicletas y transporte público, con el objetivo de estar presentes en los días en que se levantan las actas de expropiación. Allí ofrecen información jurídica y orientación a las personas afectadas, para que puedan ejercer sus derechos y presentar los recursos legales establecidos.

'Di No a las Torres' denuncia que este modelo de desarrollo energético "no es una verdadera transición, sino una imposición que sacrifica el territorio rural y los derechos de las comunidades en favor de grandes intereses económicos". "Es un atropello. Un atraco a las generaciones futuras, que ya no verán montes de olivos sino cerros de hojalata".