La ronda de declaraciones sigue el martes 16

Los ediles del PP se amparan en los informes técnicos favorables del Serrallo para negar su responsabilidad en las irregularidades

Política - M.A. - Viernes, 12 de Mayo de 2017
Fernando Egea, Juan Antonio Fuentes y Francisco Ledesma han declarado este viernes como investigados por un presunto delito de prevaricación urbanística.
Fuentes y Ledesma a su salida de los juzgados este viernes.
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Fuentes y Ledesma a su salida de los juzgados este viernes.

"En ningún momento hemos prevaricado ni hemos cometido ningún delito". Así se ha pronunciado el concejal del PP Juan Antonio Fuentes, en declaraciones a los periodistas, después de comparecer en calidad de investigado por un presunto delito de prevaricación urbanística en el Serrallo. Fuentes, coordinador del grupo municipal, ha sido quien ha atendido a los medios en nombre de sus compañeros. "Satisfecho", ha dicho de poder "aclarar" y "explicarle" a la jueza la participación de los concejales en las Juntas de Gobierno Local.

La línea de defensa ante la jueza instructora del caso Serrallo apunta a los informes técnicos y jurídicos favorables que acompañaban a los expedientes, también al Serrallo. Y la actuación de los nueve ediles ahora citados que formaban parte de la Junta estaba siempre guiada por los principios de "confianza, veracidad y legalidad". "Lo que no podíamos era votar en contra de un expediente con informes favorables". De los técnicos, de la concejala responsable del área Isabel Nieto y de la secretaria municipal. 

Se justifica en este sentido señalando que los concejales no pueden tener el grado de conocimiento de los técnicos de cada área y como ejemplo alude a los sistemas generales de espacios libres y su encuadre en el planeamiento. "Yo, que he estudiado Ciencias Políticas y Sociología, como otros compañeros, no soy nadie para rebatir un informe del director de Urbanismo o del de Obras Municipales, que era ingeniero de Caminos", ha argumentado para advertir de que si hubiera votado en contra de un expediente con informes favorables, "el promotor me podría haber acusado de prevaricación". 

Los tres ediles del PP han respondido a las preguntas de la jueza, la fiscal y de sus defensas, no así de las acusaciones. 

Juan Antonio Fuentes atiende a los periodistas tras declarar. indegranada

Respecto a su citación, que fue solicitada por la acusación ejercida por el partido VOX, Fuentes ha considerado que le lleva a pensar que se hizo para "hacer ruido y daño a la imagen de la corporación". 

Y ha vuelto a reiterar que no pueden pagar 'justos por pecadores', explicando su afirmación al señalar que si alguien ha hecho algo ilegal, "que sea el que lo pague" y considerar que no puede atribuirsele responsabilidad a un concejal "por estar cerca o en un órgano colegiado". En este sentido ha apuntado que en el grupo del PP y en su partido "hemos perdido mucho; hemos perdido el ayuntamiento, el gobierno municipal, nuestra propia imagen en la calle y hasta la dignidad cada vez que, sin comerlo ni beberlo", se ven en esta situación.

Al finalizar sus declaraciones judiciales, Egea ha evitado a los medios en su salida de los juzgados. Solo Fuentes y Ledesma han salido por la puerta principal, donde el primero ha atendido a los medios.

El 16 de mayo está previsto que declare la edil María Francés, la exsecretaria del Ayuntamiento de Granada Mercedes López Domech y el Interventor Francisco de Paula.
 
La ronda de declaraciones de los últimos investigados en la causa concluirá el próximo 22 de mayo con las comparecencias de los ediles Juan García Montero y Telesfora Ruiz y los exconcejales Juan Antonio Mérida, Isabel Nieto y Vicente Aguilera.
 
La jueza ha citado a estos ediles y exediles -seis de ellos aún siguen en el grupo municipal del PP- después de que el pasado 27 de marzo lo hiciera en calidad de investigado el que fuera alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), el cual expuso que tanto su participación en la Junta de Gobierno Local como la del resto de miembros se llevaba a cabo de forma "automática", puesto que seguían los criterios de los que eran informados por los técnicos.
 
No obstante, la magistrada argumenta en su último auto que, de acuerdo al Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, los miembros de estas instituciones están "sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones en el ejercicio de su cargo y son responsables de los acuerdos en los que hayan votado favorablemente".
 
En este sentido, advierte la jueza de que los miembros de la Junta de Gobierno Local "no pueden limitarse a votar" como expuso Torres Hurtado en su declaración, sino que, como miembros de la corporación, "tienen la obligación de obtener datos o informaciones (...) que resulten precisos para el desarrollo de su función. Es más, deben de cerciorarse de que las decisiones que vayan a adoptar se ajustan a la legalidad, no pudiendo reducirse su votación a una mera actuación automática como se argumentó al respecto".
 
Por ello, ha aceptado la petición de la acusación popular ejercida por el partido político VOX de traer al procedimiento a los concejales que apoyaron este expediente del 'caso Serrallo' para que declaren como investigados, informa Europa Press.

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