La Fiscalía de Granada denuncia por un delito continuado de malversación de caudales públicos contra la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro (PP). El decreto de la Fiscalía, fechado el 26 de enero y consultado por El Independiente de Granada, considera acreditado que Chamorro desvió fondos públicos del Ayuntamiento de Motril para pagar la condena que le impuso un Juzgado por injurias a un exgerente de Visogsa, la empresa de Vivienda de la Diputación. 

En total, 4.600 euros llegaron a la cuenta personal de la alcaldesa para hacer frente a la condena por unos hechos completamente ajenos al Ayuntamiento y al ejercicio de su cargo. Dispuso del dinero en su beneficio, con unos fines que no están amparados por la ley, como ya determinó la Intervención Municipal. Así lo argumenta en su decreto la Fiscalía, que abrió diligencias penales en octubre del pasado año tras recibir escritos de los grupos municipales de Izquierda Unida-Equo, PSOE y también Vox. 

Aunque al conocerse la investigación penal por el uso del dinero la alcaldesa lo devolvió, el fiscal advierte de que el delito se cometió

El hecho de que, al conocerse la investigación abierta por la Fiscalía, Chamorro procediera a la devolución de casi la totalidad de este dinero -4.000 euros-, no evita la denuncia. El delito se cometió "indiciariamente". Ya se verá, y así lo apunta la Fiscalía, si esa devolución tiene "consecuencias penales favorables" en el momento procesal oportuno. De momento, la alcaldesa motrileña, y otra concejala del PP, Ángeles López Cano, tendrán que responder por ese presunto delito de malversación ante los Juzgados de Motril, competentes para la instrucción. La alcaldesa como autora material y la concejala como cooperadora necesaria.

Los hechos acreditados

Según consta en el decreto fiscal, Luisa García Chamorro ordenó en su beneficio, los días 4 y 7 de noviembre de 2019 y el 14 de febrero de 2020, transferencias por valor total de 4.600 euros desde la cuenta del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Motril a la suya personal. Lo hizo para abonar la responsabilidad civil impuesta a Chamorro por un delito de injurias graves con publicidad por el que fue condenada en firme en junio de 2017. 

Para formalizar las transferencias fue necesaria otra firma autorizada, además de la de la propia Chamorro, la de la concejala Ángeles López Cano. Como recuerda el fiscal, es una cuenta mancomunada que necesita dos claves. Esos 4.600 euros transferidos ocasionaron un "quebranto" en los fondos públicos asignados al grupo del PP, "que sufrieron en tal cuantía una disminución no justificada ni autorizada por la norma". 

"Eludiendo, en su beneficio, la finalidad de los fondos asignados a su grupo municipal, destinó, de forma indebida, los 4.600 euros al pago de parte de las responsabilidades pecuniarias derivadas de la perpetración de un delito de injurias graves por el que fue condenada como persona física responsable. En concreto -agrega- se hizo pago de la cuantía de responsabilidad civil consistente en el abono de los costes de publicación de la sentencia en los medios de comunicación que fue tasada por el Juzgado en la cantidad de 4.616,15 euros, cantidad que fue casi en su práctica totalidad sufragada con los fondos asignados al grupo municipal con cargo a los presupuestos del Ayuntamiento de Motril". 

Como el Ministerio Público recuerda, la condena que dio lugar a la responsabilidad civil pagada con este dinero tuvo su origen en unas manifestaciones de Chamorro en 2011, cuando era vicepresidenta primera de la Diputación, diputada de Fomento y Obras Públicas y consejera delegada de Visogsa, "cargos absolutamente ajenos al grupo municipal del Ayuntamiento de Motril a quien exclusivamente pertenecía el dinero transferido para su funcionamiento durante la anualidad correspondiente a cada presupuesto del Ayuntamiento". 

La Fiscalía rechaza los recibos con los que pretendió justificar una parte de esas transferencias -600 euros-, entre otros una donación a la Cabalgata. 

El decreto alude al informe del interventor del Ayuntamiento de Motril, que certificó la ilegalidad del uso de ese dinero. Un informe "claro y preciso" que analiza la legislación aplicable, así como la jurisprudencia en relación al fin de los fondos públicos, que concluyó que "la asignación a los grupos políticos debe destinarse al funcionamiento del propio grupo, siendo una dotación de carácter finalista sin que pueda realizarse un uso discrecional o destinada a finalidades ilimitadas no relacionadas o vinculadas con su funcionamiento". En definitiva, como apuntó la Intervención -y así recuerda la Fiscalía-, "el destino de la asignación descrito de la providencia de la Alcaldía no está relacionado con un gasto propio del funcionamiento del grupo político. Se trata de un gasto particular ajeno a esta finalidad". 

No caben las explicaciones de la alcaldesa, que trató de justificarse alegando que creyó que su actuación "estaba dentro de la legalidad", al entender que los gastos debían ser sufragados por el grupo municipal "puesto que obedecían al desarrollo de su actividad política".

Y, de nuevo aludiendo al "fundamentado" informe de la Intervención, la Fiscalía resume: "los fondos públicos no pueden desviarse de su fin único que es el ser destinados al funcionamiento de cada grupo municipal, favoreciendo el ejercicio de las funciones de representación política en cada Ayuntamiento o en la sede municipal en el que se hayan constituido vinculado a la vigencia del propio grupo y a la legislatura, debiendo proponerse, en atención a los fundamentos de este decreto la presentación de denuncia".

Más información:

• La Fiscalía investigará a la alcaldesa de Motril por pagar con fondos públicos la multa de su condena
• La alcaldesa de Motril devuelve el dinero público que usó para pagar la multa por su conden
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• El interventor certifica la ilegalidad del uso de dinero público para pagar la condena de la alcaldesa de Motril

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