El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada ha presentado este martes alegaciones formales contra la modificación de crédito impulsada por el gobierno de la alcaldesa Marifrán Carazo, que pretende retirar 597.500 euros de la Fundación Pública Local Granada Educa. La portavoz socialista, Raquel Ruz, ha sido contundente al calificar la maniobra como “un intento de meter la mano en la caja de la educación pública para cubrir agujeros de gestión del PP en otras áreas del Ayuntamiento, como el déficit del transporte público”.

“La señora Carazo miente al hablar de ahorro. Lo que está confiscando es el Fondo de Reserva regulado en el artículo 8 de los Estatutos, cuya finalidad exclusiva es garantizar la estabilidad, afrontar contingencias y realizar inversiones. No se trata de un sobrante libre ni puede destinarse a otros fines que no sean los educativos”, ha explicado Ruz, quien ha detallado que las alegaciones presentadas por su formación desmontan los argumentos “injustificados del PP ante este atropello ejecutado con una falta de transparencia absoluta, y un desprecio a toda la comunidad”. 

Al respecto, la portavoz ha advertido de que esta maniobra vulnera los artículos 30 y 31 de la Ley 10/2005 de Fundaciones de Andalucía y ha recordado que “la ley es taxativa con las reservas que forman parte del patrimonio afectado a los fines fundacionales, ya que usar ese dinero para tapar agujeros en el transporte o gastos generales del Ayuntamiento es ilegal”.

Además, Ruz ha lamentado que el PP haya roto unilateralmente el “consenso histórico “de 2016, cuando el Pleno aprobó por unanimidad blindar el modelo educativo de 0 a 6 años. “Es una inmoralidad política y una vulneración del artículo 31 de la Ley de Fundaciones, que prohíbe usar las reservas para fines ajenos a la entidad”, ha sentenciado.

No es un ajuste ténico

Por su parte, el concejal Jacobo Calvo ha informado de lo ocurrido en el Consejo de Patronos celebrado ayer y ha detallado que no responde a un ajuste técnico, sino a una decisión política de enorme gravedad adoptada por el equipo de gobierno, que retiró 600.000 euros a la Fundación y generó un déficit de manera plenamente consciente, dejando sin aportación municipal los meses de octubre, noviembre y diciembre.

El concejal ha subrayado que la ley obliga a cubrir ese déficit con cargo a las reservas, lo que reducirá el fondo de la Fundación de 930.000 euros a apenas 330.000, debilitando su capacidad de respuesta, su estabilidad y su margen de inversión.

Según ha indicado, esta descapitalización compromete de forma directa la planificación y el funcionamiento de las escuelas infantiles municipales y coloca a la Fundación en una situación de dependencia política respecto al gobierno del PP. Calvo ha destacado que, al preguntar explícitamente si el fondo de reserva era considerado un sobrante, la respuesta fue el silencio, lo que confirma que no se trata de un excedente, sino de una obligación legal destinada a garantizar estabilidad y solvencia, con fines exclusivamente educativos, y no para pagar el transporte público urbano. 

Asimismo, ha lamentado que la decisión se adoptara sin transparencia, sin explicación previa y sin informar al Consejo de Patronos, y ha advertido de que incluso la vicepresidenta del propio Consejo calificó lo ocurrido como un hecho anómalo, sin precedentes en la historia de la Fundación. Para Calvo, lo sucedido evidencia una falta de compromiso del PP con la escuela pública municipal y obedece a una forma de gestión en la que se antepone la improvisación y la falta de previsión, hasta el punto de poner en riesgo el futuro de un servicio esencial para la ciudad. 

En cuanto a las alegaciones presentadas, el edil ha puntualizado que el Grupo Municipal Socialista ha actuado con rigor jurídico y claridad política, reclamando la restitución inmediata de la aportación municipal y la reversión de la minoración aprobada, así como la comunicación del expediente al Protectorado de Fundaciones de Andalucía y la obligación de que cualquier cambio de financiación sea sometido previamente al Consejo de Patronos. 

Para concluir, ha resaltado que “las alegaciones tienen como objetivo dejar sin efecto la retirada de casi 600.000 euros a las escuelas infantiles municipales”, una operación que Calvo ha calificado como un auténtico perjuicio a la educación pública para cubrir errores de planificación del equipo de gobierno en materia de transporte.