Recicla, para respirar un aire más limpio
Pese a los esfuerzos y mejoras, hay fallos clamorosos en la cadena de protección a las víctimas

Las grietas en la lucha contra la violencia machista

Ciudadanía - Juan I. Pérez - Sábado, 13 de Octubre de 2018
Es insoportable. En lo que va de año, 39 mujeres, cinco de ellas en la provincia de Granada, han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Si miramos atrás, nos sacude la terrible cifra de 963 víctimas directas de la violencia de género, 33 en Granada, desde el 1 de enero de 2003, fecha en la que comenzaron a contabilizarse los asesinatos machistas. Pese a los esfuerzos, analizamos las grietas de una lucha prioritaria.
P.V.M.

Ni la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ni el Pacto de Estado contra la violencia machista, ni el trabajo incansable de las asociaciones e instituciones son suficientes para detener una violencia que avergüenza y socava los cimientos de una sociedad en pleno siglo XXI.

Más de diez mujeres al día son víctimas de la violencia de género en la provincia de Granada, que registra uno de los ratios más elevados de España, según revela el Observatorio contra la Violencia de Género.

El Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, operativo desde julio del 2007, identifica en la provincia de Granada a un total de 12.085 mujeres víctimas de la violencia machista. De ellas, 35 son menores de 17 años. Pero, según este sistema, ninguna mujer en la provincia sufre riesgo extremo de ser agredida por su maltratador.



Pilar Cabrerizo López, de 57 años, asesinada por su marido a martillazos en Guadix el pasado 4 de febrero. Concentración de repulsa.

El número de agentes de Policía Nacional que atienden a víctimas de violencia de género en la provincia se ha reducido un 38,8 por ciento desde 2012, según datos del propio Gobierno central, revelados en abril pasado.

El Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez y Unidos Podemos han incluido en el borrador de Presupuestos Generales del Estado para 2019 una norma integral de violencia sexual al estilo de la Ley contra la Violencia de Género de 2004. En el documento y con el objetivo de blindar que solo sí es sí, ambos partidos han pactado que todas las conductas sexuales sin consentimiento sean una agresión sexual. Es decir, eliminan la distinción entre abuso y agresión que contempla el actual Código Penal.



"La sangre de las mujeres asesinadas nos está salpicando a todos y todas". Así de contundente se expresó el Defensor de la Ciudadanía de Granada, Manuel Martín, que respondió a la llamada de la asociación La Volaera, con una larga trayectoria en la lucha por la igualdad y contra la violencia machista, para reaccionar tras una "semana negra y llena de sangre" como la vivida en los últimos días de septiembre. 

En una compleja lucha, en la que la educación es fundamental -en las familias, desde muy pequeños, para empezar-, si la cadena principal integrada por servicios sociales, fuerzas y cuerpos de seguridad y juzgados se resquebraja, aparecen grietas que, en ocasiones, son fallas mayúsculas, que hacen desconfiar en la máxima principal: denunciar.

De las 39 mujeres asesinadas por su pareja o expareja en lo que va de año, nueve habían denunciado previamente a su agresor.

Suspenso en el Convenio Estambul

Cuatro años después de que el Gobierno ratificara el Convenio de Estambul, el tratado del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, España suspende sin paliativos en su aplicación.

Es demoledor el informe, que evalúa, desde 2014 a 2018,- la legislatura y media del Gobierno del PP y el inicio del socialista-, y reconoce sin paliativos que se podía haber hecho más para evitar los asesinatos machistas en España tras analizar área por área. Pero se ha mirado hacia otro lado

Así lo determinaron el fin de semana pasado las organizaciones reunidas bajo el paraguas de Estambul sombra, el grupo de más de 120 especialistas pertenecientes a 50 organizaciones feministas, de cooperación internacional al desarrollo y de derechos humanos de todo el Estado, encargadas de evaluar la aplicación del Convenio entre 2014 y 2018.

El informe, negativo, será entregado al Grupo de Expertas en la lucha contra la violencia contra la mujer del Consejo de Europa (GREVIO), encargado a partir del próximo mes de febrero de 2019 de evaluar las actuaciones de España en la aplicación de este Convenio.

El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, también conocido como Convenio de Estambul o Convención de Estambul, es una convención del Consejo de Europa que tiene por objetivo la lucha contra la violencia contra mujeres. Se presentó en Estambul en 2011 y está en vigor en Europa desde el 1 de agosto de 2014. Es el primer instrumento de carácter vinculante en el ámbito europeo en materia de violencia contra la mujer y está considerado el tratado internacional más completo y de mayor alcance sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Reconoce la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos y aborda la violencia contra las mujeres a través de medidas dirigidas a la prevención de la violencia, la protección a las víctimas y el enjuiciamiento de los autores.

Es demoledor el informe, que evalúa, desde 2014 a 2018,- la legislatura y media del Gobierno del PP y el inicio del socialista-, y reconoce sin paliativos que se podía haber hecho más para evitar los asesinatos machistas en España tras analizar área por área. Pero se ha mirado hacia otro lado.

Por partes. En materia de prevención, -primordial- destacan la educación en Igualdad como la eterna asignatura pendiente. Y consideran que se ha incumplido el artículo 14 del Convenio de Estambul.



María del Mar Contreras Chambó, de 21 años, asesinada el 10 de mayo pasado por su pareja de un disparo de escopeta en el campo de tiros de las Gabias. Sus padres, en la imagen, arropados, en una concentración een la Plaza del Carmen días después.

“Aunque las Comunidades Autónomas tienen transferida la competencia de educación, la ley marco común para todo el Estado, la LOMCE, no obliga a educar para la igualdad y la erradicación de las violencias machistas”, recuerdan. Y lo que ya se sabe: la actual ley de educación, la LOMCE, ha supuesto un retroceso en la educación en igualdad respecto a la LOE de 2006, que establecía la asignatura de Educación para la Ciudadanía en quinto de primaria y en segundo de la ESO.

En sanidad, la formación del personal en materia de prevención y detección precoz de violencia de género "es todavía muy escaso", subrayan, en gran medida, debido a los recortes sanitarios impuestos por los gobiernos del PP. Y en protección social: “la primera carencia que se detecta está en relación con el elemento transversal del no tratamiento de las víctimas de violencia sexual como víctimas de violencia de género, dado que esta forma de violencia no tiene un reconocimiento como tal en la legislación española a nivel estatal”.



Josefa Martínez Utrilla, de 43 años, asesinada a tiros por su pareja en Guadahortuna el pasado 16 de junio. Concentración de condena.

Lo que supone otra violación al Convenio de Estambul, que en su artículo 25 recoge la obligación de tomar las medidas necesarias para crear “centros de ayuda de emergencia para las víctimas de violaciones y de violencias sexuales, apropiados, fácilmente accesibles y en número suficiente, para realizarles un reconocimiento médico y médico forense, y darles un apoyo vinculado al traumatismo y consejos”.

Así que la falta de políticas, la carencia de financiación adecuada y una más que mejorable coordinación, hacen ganar a España un suspenso, que deja en un limbo la protección de las mujeres ante la violencia de género.

Un VioGén, manifiestamente mejorable

Nacido en 2007 como herramienta para establecer una tupida red que permita el seguimiento y protección de forma rápida, integral y efectiva de las mujeres maltratadas, y de sus hijos e hijas, en cualquier parte del territorio nacional, 11 años después se ha revelado como un sistema útil, pero manifiestamente mejorable.

A partir de su puesta en marcha, las valoraciones policiales del riesgo y las medidas de protección que se aconsejan siguen el protocolo llamado VioGén, implementado por el Ministerio del Interior en 2007, y que era una de las medidas incluidas en la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004.

Es un cuestionario largo y extenso que las mujeres deben responder en un momento extremadamente delicado: están denunciando a su maltratador, generalmente, su pareja o ex pareja, alguien con quien ha mantenido estrechos vínculos y les ha traicionado y vejado

En la práctica es una herramienta informática que incorpora todos los casos de violencia de género que se denuncian y analiza los datos para detectar patrones de conducta e intentar anticiparse a una nueva agresión. Se miden factores como la reiteración de agresiones, su gravedad, o la vulnerabilidad de la víctima. Pero hay una valoración subjetiva que depende de los agentes. Por eso, la formación de los funcionarios que lo gestionan (Policía Nacional, Guardia Civil y algunas policías locales) es clave.

El reciente parricidio de Castellón ha cuestionado el sistema: Itziar Prats, la madre de Nerea y Martina, las niñas de 6 y 3 años asesinadas el pasado 28 de septiembre en Castellón por su padre, había acudido a comisaría a denunciar a su pareja por amenazas.

Pero la Policía, sin embargo, valoró como bajo el riesgo al que estaba expuesta. Solo el 0,3% de las denuncias analizadas por el sistema policial VioGén hasta julio de 2018 se consideraron como de riesgo alto o extremo.



Leyre González, 21 años, asesinada a puñaladas por su pareja en Dúrcal el 14 de agosto. Concentración de condena.

Cuando una mujer víctima de la violencia machista acude a la Policía o a la Guardia Civil a denunciar, los agentes que la reciben deben tomarle, primero, declaración y someterla después a un cuestionario muy detallado para intentar detectar ciertos indicadores de riesgo.

Y es un cuestionario largo y extenso que las mujeres deben responder en un momento extremadamente delicado: están denunciando a su maltratador, generalmente, su pareja o ex pareja, alguien con quien ha mantenido estrechos vínculos y les ha traicionado y vejado.



Nuria Alonso, de 39 años, asesinada a puñaladas por su pareja en Maracena el 25 de septiembre pasado. Dolor y rabia.

Interior introdujo cambios en el cuestionario VioGén en 2016, y ahora ha anunciado nuevas modificaciones para intentar evaluar el riesgo de asesinato, entre ellas, no solo se valorará a la víctima, sino también al agresor y a los menores, testigos y víctimas de la violencia machista.

La acción judicial, en el punto de mira

Las execrables manifestaciones pilladas a Francisco Javier Martínez Derqui, titular del juzgado de Violencia sobre la Mujer número 7 de Madrid, que se burló de la víctima cuyo caso instruía al llamarla "bicho" e "hija puta" o la sentencia de La Manada son solo algunos lamentables episodios que revelan lo que se conocían, pero que se mantenía larvado: una judicatura, por lo general, escasamente sensible hacia las víctimas de la violencia machista, con uno enorme desconexión social, en la que prevalece una arcaica justicia patriarcal.

Muchas víctimas sufren el tortuoso calvario judicial que, -en más ocasiones que las admitidas, que debería ser cero-, les espera tras atreverse a denunciar. Con suerte, salen de los juzgados con una orden de alejamiento de su agresor, pero si no hay agentes suficientes por la escasez de recursos, el papel es solo un papel

Muchas víctimas sufren el tortuoso calvario judicial que, -en más ocasiones que las admitidas, que debería ser cero-, les espera tras atreverse a denunciar. Con suerte, salen de los juzgados con una orden de alejamiento de su agresor, pero si no hay agentes suficientes por la escasez de recursos, el papel es solo un papel.

Otras muchas están resignadas a seguir conviviendo con su maltratador, por la alta dependencia económica. No hay suficientes ayudas para que alcancen la independencia y rehacer sus vidas.

A menudo las denunciantes padecen la revictimización en el proceso judicial, al sumar la condición de víctima por violencia de género, el maltrato judicial que deben de soportar. Y pese a la apuesta por la formación de jueces y juezas, el problema sigue porque, desgraciadamente, los prejuicios que siguen instalados en la sociedad alcanzan a la judicatura.

Testimonios puestos en duda, duros interrogatorios que más parecen tratar de desacreditar a la víctima, prejuicios, y la absoluta minusvaloración de la violencia psicológica son trabas casi insalvables. A pesar de las recomendaciones de la Fiscalía, España aún no ha aplicado del todo los equipos especializados para valorar el riesgo de manera integral

Testimonios puestos en duda, duros interrogatorios que más parecen tratar de desacreditar a la víctima, prejuicios, y la absoluta minusvaloración de la violencia psicológica son trabas casi insalvables. A pesar de las recomendaciones de la Fiscalía, España aún no ha aplicado del todo los equipos especializados para valorar el riesgo de manera integral.

Y al final, la sentencia. Como ejemplo, la peor sentencia del mundo contra la Igualdad que recayó el año pasado en una dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que no apreció ensañamiento en un asesinato machista de 30 puñaladas y rebajó la pena al asesino.

Y pese a todo, denunciar es la vía, mientras se ajustan protocolos, crece la formación y se dota con recursos suficientes una ley, un plan que es prioritario para detener una lacra que avergüenza. No hay ayuda posible, si no se conoce el caso. Pero las víctimas merecen una atención mucho mejor.

Itziar había denunciado a su pareja en febrero por amenazas y solicitó una orden de alejamiento que le fue denegada en dos ocasiones. “Ya te puedes ir despidiendo de las niñas”; “me voy a cargar lo que más quieres”; “te vas a quedar sola. De aquí yo voy a acabar en la cárcel y todos muerto”. Estas son algunas de las amenazas que pronunció Ricardo, el padre de Nerea y Martina, a las mató a puñaladas antes de arrojarse por la veta, según consta en la denuncia que presentó la madre de las niñas, Itziar, contra él ante la Policía Nacional el pasado 24 de febrero.