La Causa militar 33/47 de 1936 instruida desde la Comandancia Militar de Granada contra las autoridades republicanas del Frente Popular: terror frente a “un mal entendido derecho de defensa”
I. La Causa militar 33/47 de 1936 instruida desde la Comandancia Militar de Granada contra las autoridades republicanas del Frente Popular: terror frente a “un mal entendido derecho de defensa”
Dicha causa se considera esencial para la implantación del terror en la plaza militar de Granada y provincia. Se instruye inmediatamente a la ocupación violenta de las instituciones republicanas en la tarde del lunes 20 de julio de 1936. Una semana después, ya desde Sevilla (Queipo de Llano) se valora impulsar un “entramado pseudojurídico” que culmine en la eliminación física de las autoridades republicanas que no habrían secundado la sublevación. Para ello se desplazan a Granada el general Orgaz y el coronel Antonio González Espinosa, ya en calidad de Comandante Militar, ambos con el firme propósito imponer el “máximo castigo” contra los “no afectos o tibios” al Glorioso Alzamiento Militar. Cinco dirigentes de formaciones del Frente Popular entre los que se cuentan personalidades como el presidente de la Excelentísima Diputación Provincial y el Ingeniero jefe de Obras Públicas, además de un militar retirado, un abogado y asesor del Ayuntamiento de Granada y un conocido sindicalista quedaron incursos en un procedimiento militar sumarísimo plagado con toda clase de “artimañas” contrarias a las debidas garantías legales que les conduce en menos de 48 horas de la celebración de la vista hasta las tapias del Cementerio de San José para ser pasados por las armas a las 6 horas de aquel 2 de agosto de 1936. Un sexto encausado, el gobernador republicano, se libró de ser fusilado al acreditarse, según los sublevados, haber “impedido la entrega de armas”.
Esos primeros fusilamientos de agosto fueron argumentos suficientes para irradiación del terror indiscriminado contra los militantes del Frente Popular. El resultado ya lo conocemos. Cerca de 6.000 víctimas mortales (con datos o testimonios oficiales), 28.000 procesados por la justicia de los sublevados en toda la provincia (1936-1956). 4.065 fusilados y arrojados a las fosas del Cementerio de Granada de Granada.
La situación de los sublevados en Granada es muy delicada a una semana de haberse proclamado el estado de guerra
La situación de los sublevados en Granada es muy delicada a una semana de haberse proclamado el estado de guerra: milicias gubernamentales procedentes de Alicante, Murcia, Almería, Málaga y de Jaén amenazan con presentarse en la capital donde el "Alzamiento" se ha impuesto recurriendo a la fuerza armada, caso del barrio del Albayzín; en más de dos tercios de la provincia, la Guardia Civil tampoco ha podido imponerse frente a la resistencia popular, alentada por las organizaciones sindicales y partidos políticos del Frente Popular; los contactos terrestres con la Andalucía sublevada es prácticamente inexistente -únicamente un tímido control sobre el ferrocarril vía Sevilla-Bobadilla-; mientras que el puerto nacional más próximo es Cádiz tras la definitiva recuperación de Motril por las milicias izquierdistas el 25 de julio.[1]
Así pues, ante el "temor de verse copado por el enemigo", en la Comandancia Militar se decide hacer uso del máximo rigor contra detenidos y todo aquel que no sea partidario o muestre poco afecto hacia el "Glorioso Alzamiento Nacional". Se aprueban métodos expeditivos bajo la sugerencia, sanción y visto bueno del General Orgaz, en consonancia con los mandatos del general Queipo de Llano, y en pleno conocimiento del general Franco.
En todo caso, esos métodos expeditivos, se acometerían a pesar de la benignidad "-dudas e indecisiones", según la cúpula militar sublevada- mostrada por el comandante Basilio León Maestre, por lo que se aconseja su inmediato relevo
En todo caso, esos métodos expeditivos, se acometerían a pesar de la benignidad "-dudas e indecisiones", según la cúpula militar sublevada- mostrada por el comandante Basilio León Maestre, por lo que se aconseja su inmediato relevo. La escrupulosidad legalista de León Maestre pudo ser observada por la oficialidad rebelde cuando exige evidencias objetivas de la "participación en hechos de armas contra el Ejército" por seis jóvenes detenidos en Santafé y procedentes de Málaga, antes de aprobar el fallo que les condena a muerte[3]; o cuando, contraviniendo el fallo de unos de los primeros consejos de guerra, conmuta la máxima pena del joven camarero Francisco Carrasco Jiménez por la de reclusión perpetua.[4] En suma, el núcleo duro de los jefes y oficiales rebeldes en Granada interpretan contrario a sus intereses el que el Comandante León reclamase -"en uso de las facultades que me concede la Ley y como Suprema Autoridad de esta Plaza, toda vez que por las circunstancias actuales impiden acudir al procedimiento ordinario"[5]- la potestad que conlleva el desempeño del cargo en el que no están dispuestos a que continúe.
Esta circunstancia explica la incoación, el trámite, la vista, el fallo y el desenlace de la causa militar contra un grupo de destacados políticos del Frente Popular de Granada.
La maquinaria cívico-militar contra las autoridades y organizaciones políticas que hasta julio de 1936 han representado a la República en Granada se pone en marcha con el pleno respaldo de las máximas autoridades sublevadas en Andalucía: del general Franco quien es puntualmente informado por el general Orgaz y comandante Cañizares de la difícil situación en que se encuentran los sublevados a causa de la resistencia popular; de Queipo de LLano, flamante capitán general de la Segunda División Orgánica y "virrey de Andalucía", de quien dimanará expeditivos bandos con jurisdicción en la zona sublevada y finalmente del hombre de confianza de éste, el coronel habilitado general Antonio González Espinosa, que se presenta en Granada el 30 de julio de 1936 ya con plenos poderes, en calidad de Comandante Militar.
Unos días antes, coincidiendo con la estancia del general Orgaz en Granada, en los pabellones de la Comandancia Militar se aceleran los trámites para juzgar a un grupo de dirigentes del Frente Popular que permanecen detenidos desde la tarde del 20 de julio
Unos días antes, coincidiendo con la estancia del general Orgaz en Granada, en los pabellones de la Comandancia Militar se aceleran los trámites para juzgar a un grupo de dirigentes del Frente Popular que permanecen detenidos desde la tarde del 20 de julio. Se decide primero incoar diligencias contra el presidente de la Diputación Provincial, el socialista Virgilio Castilla Carmona, mientras un desorientado -y desautorizado- coronel Basilio León Maestre se ve obligado a autorizar las actuaciones encargadas a diversos jueces instructores, los tenientes coroneles de Artillería retirados Rafael Lacal Pérez y Manuel Fernández Labrada. El 29 de julio, una vez recibido el testimonio del encartado, se acuerda su procesamiento sumario, uniéndose a las diligencias acordadas contra otros cargos y personalidades sobresalientes de la vida pública de Granada y que tramitaba simultáneamente el juez instructor comandante Francisco Rosaleny Burguet. A partir de este momento la causa número 33 queda asimilada con la número 47 de 1936 que entenderá sobre el presunto delito de Rebelión Militar que alcanza a los encartados César Torres Martínez, Virgilio Castilla Carmona, Juan José Santacruz Garcés, José Alcántara Garcia, Antonio Ruz Romero y Enrique Marín Forero.[6]
Las diligencias contra Virgilio Castilla habían partido de la denuncia por escrito que hace llegar el comandante José Valdés:
"A V.E. (General Comandante Militar de esta Plaza) da parte el Jefe que suscribe que al entrar a ocupar el Gobierno Civil de esta Plaza con fuerzas de Artillería y Falange Española y subir la escalera de dicho Centro se encontró en la misma con un sujeto, que luego resultó ser el presidente de la Diputación Virgilio Castilla, el cual al verme hizo un disparo de pistola que casualmente no me hizo daño alguno. Como se encontraban detrás del referido sujeto tres guardias, y haber hecho fuego sobre él también hubiera ocasionado la baja de alguno de los Guardias, procedí a sujetarle por la muñeca y desarmarlo, recomendando a cuantos presenciaron el hecho no hiciesen fuego, pues de alguna manera temíamos que distinguirnos los caballeros de los que no son más que unos criminales, ordenando fuese conducido a los calabozos de la Comisaría en calidad de incomunicado. Los guardias testigos de la agresión, fueron don Fernando Moles Peregrina, don Joaquín Jiménez Torres, don Antonio Hernández y don José Rosales".
Se habla de implicarlos en calidad de miembros de un "comité revolucionario" que pretende la subversión armada, que proyecta la eliminación de militares, que han pretendido armar al pueblo y que se han resistido violentamente, una vez que se hubo proclamado el estado de guerra en la plaza
El mismo Valdés se ratifica en su denuncia en declaración prestada en el despacho del comandante Militar el 29 de julio de 1936. En el curso de la misma, se diserta sobre la necesidad de ampliar las actuaciones al resto de autoridades detenidas. Se habla de implicarlos en calidad de miembros de un "comité revolucionario" que pretende la subversión armada, que proyecta la eliminación de militares, que han pretendido armar al pueblo y que se han resistido violentamente, una vez que se hubo proclamado el estado de guerra en la plaza. En suma, se acuerda involucrar a un grupo de autoridades republicanas en un supuesto movimiento de ¡rebelión militar contra el propio régimen republicano al que defienden legítimamente cuando se oponían a los sublevados!
Cuando prestan su primera declaración, todos y cada uno de los detenidos niegan la acusación tan grave que pesa sobre ellos
Cuando prestan su primera declaración, todos y cada uno de los detenidos niegan la acusación tan grave que pesa sobre ellos. César Torres Martínez, el último gobernador civil republicano, abogado de 31 años, declara que "durante el tiempo que ha desempeñado el cargo nunca ha hecho manifestaciones ni ha excitado de palabra, por escrito ni obra a la comisión del delito de rebelión o de auxilio...que no obstante había recibido órdenes del Ministro de Gobernación y de carácter conminatorio de esas órdenes para que armase al pueblo para defender al gobierno y ... al recibir excitaciones en este sentido de personas que no recuerda se negó a armar a nadie"; si bien admite expresamente que cursó órdenes para garantizar el orden republicano porque "cuando se presentó la fuerza del Ejército en el Gobierno civil ordenó al teniente de asalto que defendiese el Gobierno Civil y que disparase contra los que intentaren asaltarle... aunque no puse resistencia alguna cuando fui detenido".
El socialista Virgilio Castilla admite que cuando se le detuvo portaba una pistola para "la que tiene licencia de armas" pero que la entregó sin disparar al capitán José Nestares Cuéllar y que siempre dispuso, a los allí congregados, a que no efectuaren ningún disparo, como podían atestiguar, entre otros, el teniente coronel y jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada Fernando Vidal Pagán. Afirma también que su detención se produjo "antes de la declaración del estado de guerra, sobre las cinco de la tarde".
Juan José Santacruz -de reconocida solvencia y prestigio en la capital por su trayectoria personal, exdiputado republicano en la legislatura constituyente de 1931- apartado de la política en 1936 y plenamente entregado a sus tareas profesionales de Ingeniero jefe de Obras Públicas niega rotundamente su colaboración en el delito que se le imputa. No alcanza a entender por qué se le implica en actuaciones que tuvieron lugar en el Gobierno Civil cuando no estuvo presente el día de autos en aquella sede y se "le detuvo en su domicilio, en la madrugada del día veintiuno, por un agente de policía ignorando las razones que puedan haber motivado esta medida". Añadía también que, en su referido domicilio, Plaza Nueva, nº 2 "tiene una pistola para la que posee licencia y guía que muestra en este acto".
Antonio Rus Romero, dirigente socialista en el Comité del Frente Popular de Granada y oficial retirado, maestro de personal del material de Artillería en la Fábrica de Explosivos y Pólvora de El Fargue, de 46 años, hombre de confianza del diputado socialista y líder del PSOE de Granada, Alejandro Otero Fernández, corrobora la posición mayoritaria de los dirigentes granadinos en los días previos a la sublevación del 20 de julio de 1936: "que en las reuniones del Comité expresado, los comunistas y sindicalistas insistían en que había necesidad de armar a todos o al menos a los más destacados..." mientras que él opinaba "que no era procedente porque se veía el peligro de no poder controlar a las masas". Afirmará que fue desarmado por Valdés no obstante "posee licencia que tiene en su casa en la cartera militar".
El sindicalista José Alcántara García de 30 años y albañil de profesión así como el abogado Enrique Marín Forero, militante de Izquierda Republicana, niegan vehemente que sus respectivas organizaciones tuvieran carácter revolucionario, así como su participación directa en la confección de unas supuestas "listas negras para el exterminio de las fuerzas leales al movimiento nacional, especialmente jefes y oficiales" o hubieren colaborado en la organización de columnas de voluntarios izquierdistas para marchar contra plazas sublevadas.
Lamentablemente para las autoridades republicanas, la acción de acoso gubernamental contra la Granada sublevada, lejos de ser el principio de su salvación, precipitará su dramático fin
Obtenidas las primeras declaraciones de los seis encartados pudiera parecer que las imputaciones se desvanecían ante los fundados argumentos de los detenidos. Pero, lamentablemente para las autoridades republicanas, la acción de acoso gubernamental contra la Granada sublevada, lejos de ser el principio de su salvación, precipitará su dramático fin. Porque en efecto, la presencia sobre el 29 de julio de 1936 de una columna republicana a menos de 20 kilómetros del centro de la capital, endurece la respuesta de la maquinaria de la justicia en manos de los sublevados. En la Comandancia Militar se dejaron oír voces de máximo rigor contra los presos, ante el temor de que los milicianos pudieran acercarse y hacerse con Granada. Incluso el comandante Rosaleny Burguet suspende precipitadamente la instrucción del sumario que instruye para dedicarse en las próximas jornadas a tareas de contención como corresponde al cargo de jefe de operaciones de la Comandancia Militar.[7] Simultáneamente se nombra nuevo juez instructor al capitán Rafael Ruiz de Algar y Borrego (el cuarto de la causa nº 33-47) queda cerrado el compromiso de asegurarse una sentencia y un fallo condenatorio mediante acusaciones y pruebas contundentes. La estrategia se prepara en el Gobierno Civil y contará con la participación directa de su titular, el comandante Valdés, más la colaboración cualificada del Delegado de Orden Público, capitán Nestares Cuéllar, del teniente de Asalto Rafael Martínez Fajardo y de un grupo de guardias de asalto, agentes de seguridad y falangistas que corroboran -adecuadamente preparados- las versiones incriminatorias preparadas por sus superiores.
Requerido por el instructor para que amplíe y concrete sus denuncias explicitaba Valdés Guzmán:
"...que cuando por fuerzas de Falange Española y fuerzas del Ejército de que formaba parte se ocupó el edificio del Gobierno Civil, el mismo día y con posterioridad a la declaración del Estado de Guerra, se encontraron en dicho edificio además de ex Gobernador D. César Torres Martínez, los paisanos D. Juan José Santacruz, D. Virgilio Castilla Carmona, D. José Alcántara García y D. Antonio Rus Romero, los cuales según manifestaciones de los Guardias de Seguridad y Asalto se encontraban en dicho edificio estaban armados e intentaron hacer fuego contra las fuerzas que ocuparon el Gobierno Civil. Seguidamente de la ocupación y al registrar las dependencias del edificio se encontraron varias armas de fuego cortas que pertenecían a los expresados paisanos. A más de lo referente el Sr. Castilla y los restantes incitaron repetidas veces a las fuerzas que custodiaban el edificio a que disparasen contra las de Falange y Ejército he incluso intentaron disparar dichos paisanos desde los balcones evitando esto la enérgica y hábil intervención del teniente de Asalto Sr. Fajardo. Testigo de los sucesos fueron las fuerzas de orden público que custodiaban el edificio y las del Ejército y Falange que lo ocuparon entre los cuales y no pudiendo indicar los restantes por encontrarse prestando servicio fuera de la capital en este momento se encuentran los siguientes: guardia de seguridad Aurelio Liévana Ocaña; guardia de seguridad, Nicolás Martín Berrio; cabo de asalto, Nicolás Bullejos; guardia de asalto, Francisco Pozo Castro; agente de vigilancia, Rogelio Roda y falangistas Antonio Caraballo, José Martínez Cañabate Ballesteros y Amador Fernández."[8]
Los testigos propuestos por Valdés, sin disentir un ápice del núcleo de la acusación, proporcionan detalles concretos comprometedores para los encartados
Los testigos propuestos por Valdés, sin disentir un ápice del núcleo de la acusación, proporcionan detalles concretos comprometedores para los encartados. Determinante será el testimonio del guardia de seguridad Nicolás Martín Berrio entonces ordenanza del Gobernador quien afirma que "en el momento de la ocupación del Gobierno Civil, Virgilio Castilla bajó pistola en mano por las escaleras y disparó contra el Comandante Valdés", versión a la que se acogen el resto de testigos propuestos por el primer gobernador civil sublevado franquista, a excepción de Antonio Caraballo quien matiza que después del primer disparo realizado por Castilla, se oyó "otro, de mosquetón, que por referencias de sus compañeros sabe lo hizo un falangista llamado José Rubí". Además de este particular, todos corroboran el que los encartados portaban armas "que arrojaron bajo los sillones de la Secretaría del Gobernador"; que todos ordenaron hacer fuego ante la presencia de los asaltantes y que si no se llegó a esa extrema situación se debió a "la serena y hábil intervención del teniente de asalto Sr. Fajardo que mandaba la fuerza del Gobierno". Igualmente, todos confirman la existencia de "listas negras aunque no las vimos, sabemos que se han encontrado allí", como la circunstancia de que el exgobernador republicano Torres Martínez cursara orden por teléfono "para que unos mineros de Alquife vinieran a Granada con toda la gente y toda la dinamita que pudieran juntar".
El testimonio del teniente de Asalto Rafael Martínez Fajardo implica a los acusados en actos de resistencia armada
El testimonio del teniente de Asalto Rafael Martínez Fajardo implica a los acusados en actos de resistencia armada. Considera que Antonio Rus "tenía montado un servicio de enlace en el cuartel de la Guardia Civil y demás cuarteles de la guarnición para vigilar las fuerzas del Ejército"; y que todos los procesados -y a la cabeza, Torres Martínez y Virgilio Castilla- salieron a un pasillo montando las pistolas para tomar los balcones ante la presencia de las tropas del Ejército". La versión de este último -oficial del Ejército, como Nestares Cuéllar y Valdés Guzmán y a la sazón camisas viejas de FE-JONS- la corrobora y amplía el propio comandante Valdés:
"...-"que efectivamente en el cajón de la mesa de despacho del gobernador se encontró listas negras en las que aparecen jefes y oficiales del Ejército, Asalto y Seguridad y personas destacadas de orden de esta plaza con indicaciones que variaban entre muerte en la mayor parte de los casos y la pérdida de empleo y el destierro en los menos, que dichas listas se las entregó al capitán Sr. Nestares como delegado jefe de Orden Público de la provincia entera".
Señala directamente como autores a los procesados que, en común acuerdo con otros individuos relacionados directa o indirectamente con la guarnición:
"actuaron con posterioridad a la declaración del estado de guerra en forma fehaciente a precipitar inmediatamente el golpe revolucionario que venían preparando con eliminación de los individuos de las listas negras. Que dieron repetidas veces orden de hacer fuego contra las fuerzas que ocuparan el Gobierno Civil y muy especialmente que, no contentos con dar órdenes a los elementos extremistas de Granada que con anterioridad habían armado, avisaron a un grupo de mineros de Alquife para que viniesen contra las fuerzas del Ejército de Granada con toda la gente y dinamita que pudiesen reunir"[9].
Poco importaba que los hechos señalados se ajustaran a la verdad. En efecto, se tenía la convicción que elementos del Frente Popular y de la Casa del Pueblo vigilaban desde junio los movimientos extraños en los cuarteles
Poco importaba que los hechos señalados se ajustaran a la verdad. En efecto, se tenía la convicción que elementos del Frente Popular y de la Casa del Pueblo vigilaban desde junio los movimientos extraños en los cuarteles. Circulaba el rumor de que el organizador de esa "red de vigilancia" respondía a la acción preventiva del diputado Alejandro Otero, porque de ello se había hablado en las esferas ministeriales y lo conocían los distintos gobernadores que se sucedieron desde los sucesos y alborotos de marzo de 1936. También se tiene la convicción de su existencia en las salas de banderas de los cuarteles y en la plana mayor de la Comandancia Militar.
Tenemos la certeza de que semejante celo del Frente Popular existió, también la colaboración que las izquierdas encuentran en una minoría de oficiales.[10] Pero, nada hace presumir que esas "supuestas listas negras" contra el Ejército aparecieran en el Gobierno Civil; tampoco existe mandato oficial alguno que respaldara la tremenda declaración de Martínez Fajardo en el sentido de que "ese comité reunido en el Gobierno Civil el 20 de julio tenía dadas las órdenes necesarias de asesinatos, destrucción e incendios necesarios para la total destrucción de la ciudad".
Sin embargo, los informes oficiales contra los detenidos cobran supuestamente consistencia a raíz del escrito remitido al Juez Instructor por el jefe del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia de Granada, con fecha de salida el 29 de julio. Aquí se deslizan además afirmaciones que criminalizan genéricamente la labor y acción de los republicanos y las izquierdas durante el régimen constitucional republicano:
"... los detenidos han venido, con anterioridad a declaración del Estado de Guerra, preparando como elementos integrantes del Comité del Frente Popular, excepto el Marín Forero que lo es del Socorro Rojo Internacional, un movimiento revolucionario que todavía a la fecha de este informe perturba grave e incesantemente el orden público de esta provincia, para lo cual se han valido de los prerrogativas y medios que los cargos públicos que desempeñaban y su carácter de dirigentes políticos les permitían. Con anterioridad a la proclamación también del estado de guerra, han armado a todos los elementos extremistas de esta capital y su provincia y han dado las órdenes de matar a todos cuantos elementos de orden y fuerzas armadas pudiesen cooperar al mantenimiento del orden. Con posterioridad a la declaración del estado de guerra y conocimiento de las medidas adoptadas por la autoridad militar, hallándose reunidos y armados dentro del Gobierno Civil reiteraron esta orden, excitaron repetidas veces a las fuerzas de orden público que custodiaban el Gobierno Civil a hacer fuego sin contemplaciones contra las fuerzas del Ejército que lo ocupaba e incluso intentaron ellos mismos disparar contra estos impidiéndolo sólo la actitud del teniente de Asalto Sr. Fajardo que mandaba las fuerzas que custodiaban dicho edificio".
Finaliza el escrito policial responsabilizando ya abiertamente a todas las autoridades republicanas de las alteraciones habidas en los años precedentes porque "todos estos individuos, el Torres, desde la época de su mando en la provincia han actuado como promotores de cuantos disturbios y hechos delictivos de carácter social se han producido". Y en concreto reitera que "el Rus y el Alcántara son además peligrosos elementos de acción, el Santacruz, el Castilla, el Torres Martínez y Marín Forero son lo que han armado a los elementos extremistas en el Gobierno Civil, en el Ayuntamiento y Diputación Provincial"[11].
La cúpula de oficiales ha logrado reunir tal cúmulo de pruebas incriminatorias contra los encartados que el Juez Instructor no puede negarse a incluir de forma literal todo el texto del oficio remitido por el jefe de Seguridad! en el resultando que le lleva a procesar a los detenidos por la "figura delictiva de rebelión militar que prevé y sancionan los números 3º y 4º de los artículos 237 y 238 del Código de Justicia Militar".
[1] Rafael GIL BRACERO-María Isabel BRENES SÁNCHEZ, Jaque a la República. Granada, 1936-1939. Ed. Osuna, Granada, 2008.
[2] ARCHIVO JUZGADO MILITAR TERRITORIAL Nº 22 (Sevilla) Causa 122/1936 Leg. 106, nº 3004.
[3] Basilio León Maestre se limita a aprobar el fallo de la Causa 29/1936 vista por el Consejo Militar que por procedimiento sumarísimo condena a muerte a los malagueños Joaquín de Burgos Martínez de 21 años empleado de Ayuntamiento, Juan Domínguez Rivas, de 24 años, chófer, Antonio Bandera Sánchez, 20 años, carpintero, Antonio Bautista Navarro, 25 años, profesión matarife, José Mancha Liñán, 24 años, mecánico e Isidro de Burgos Martínez, electricista de 16 años. No obstante, el decreto de ejecución inmediata de sentencia viene autorizado por Juan Mateos: el acuerdo se había adoptado sólo unas horas después de que el general Orgaz hubiese aterrizado en el Aeródromo de Armilla en la tarde de del 25 de julio de 1936. El primer fusilamiento habido en las tapias del cementerio de Granada tiene lugar sobre las 6 horas del 26 de julio. Aquella misma mañana el General Orgaz preside un desfile militar y dirige desde del balcón de un Hotel de Puerta Real un encendido discurso enarbolando el "patriotismo" de las fuerzas sublevadas.
[4] Junto a Francisco Carrasco Jiménez se procesó, en Causa sin número de 1936, a Manuel y Juan Mariscal Puertas y a Antonio Páramo González, todos jóvenes vecinos del Albayzin, por delito de tenencia ilícita de armas fuera del plazo fijado para su entrega voluntaria, sancionado en el Bando del 21 de julio. Actuó como presidente del Consejo de Guerra Sumarísimo celebrado a las 14 horas del 26 de julio, el teniente coronel de Artillería Luis Medrano Padilla, siendo vocales el capitán Antonio Fernández Sánchez, del Centro de Movilización, los capitanes de Artillería Andrés Peñuelas Fernández, Eugenio Carrillo Durán, Miguel Miranda Dávalos y el capitán de Infantería, José Aguilera Bassecourt. Como fiscal intervino Diego Egea Molina y como vocal Ponente Enrique Iturriaga Aravaca.
[5] ARCHIVO JUZGADO TOGADO MILITAR TERRITORIAL, AJUTOTER nº 23, Almería, Causa Leg. 382/7.
[6] AJUTOTER nº 23, Causa 33-47 Leg. 460/ p.43.
[7] ARCHIVO GENERAL MILITAR, Ávila, AGMAV, Caja 1276, carpeta.95.
[8]. AJUTOTER Causa 33-47 Leg. 460/43, página, 20.
[9] AJUTOTER nº 23, Causa ,33-47 Leg. 460/43. pp 37-38.
[10] Esa vigilancia en la Granada de preguerra también se ejerció desde los servicios secretos de información de la Comisaría de Vigilancia y Seguridad, en la que participan destacados oficiales de la guarnición (caso del capitán Nestares Cuéllar, el capitán Antonio Fernández o el teniente de la Guardia Civil Mariano Pelayo: los tres se destacaron en los primeros meses en la detención de izquierdistas, dado el excelente conocimiento que tenían de los granadinos")
[11] AJUTOTER nº 23 Causa, 33-47 Leg. 460/43, pp. 40-41.
Otros trabajos publicados por Rafael Gil Bracero en el Foro de la Memoria:
-
'Triunfo de una conspiración en la sombra (I)'
-
'Prioridad de los sublevados: doblegar la resistencia republicana (II)'
-
'El terror, instrumento de guerra para aniquilar la democracia (III)'
-
'La dimensión cuantitativa y cualitativa de la violencia represiva en Granada sublevada: la naturaleza del franquismo en sus orígenes (IV)'
-
'La fosa común del Cementerio de San José de Granada: del drama silenciado a la Memoria recuperada (V)'
-
'Preludio de Auschwitz en Granada: Las fosas en el Lugar de Memoria Barranco de Víznar y carretera de Víznar-Alfacar (I)'
-
'La Colonia de Víznar y los asesinados en las fosas de Víznar-Alfacar (II)'
-
'Barranco de Víznar y las investigaciones lorquianas (y III)'
-
'Agustín Penón, Ian Gibson, Marta Osorio (Josefina Garrido) tras la huella de Federico García Lorca, asesinado entre Víznar y Alfacar'
-
'La Comisión de Encuesta para localizar el lugar de enterramiento de Federico García Lorca y la fosa Alfacar (II)'
